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Jueves , 18.10.2018 / 11:37 Hoy

Perdón, pero...

Margarita y sus creencias

Roberto Blancarte

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¿Qué diría usted de un juez que dictara sentencia con base en sus creencias religiosas, que condenase con más dureza a aquellos que no comparten su religión o simplemente su manera de ver el mundo? ¿Que no aplicara la ley de acuerdo con un estricto criterio jurídico y que no buscara la imparcialidad a la hora de impartir justicia, sino que su visión de las cosas estuviera regida por criterios religiosos? Probablemente no le gustaría, ¿verdad? Y, sin embargo, cada vez nos acostumbramos más a que los políticos, que quieren ser funcionarios públicos, nos expongan sus creencias religiosas (que a nadie le deben de importar) y pretendan incluso aplicarlas si se llegan a convertir en funcionarios públicos. Así tenemos a una Margarita Zavala, que con el candor de su experiencia en Los Pinos, nos anuncia que ella, debido a sus creencias religiosas, no apoyaría el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, no es que se oponga a ese derecho igualitario por razones de Estado o por alguna razón social expuesta racionalmente respecto a los peligros supuestos de esos matrimonios, sino porque ella es católica, los obispos dicen que está mal y a ella le parece argumento suficiente. Es malo, es pecado y por lo tanto no se debe permitir. Es como si a un testigo de Jehová, convertido en funcionario público (cosa que nunca va a suceder porque los testigos no se meten en política) se le ocurriera que como a él le parece que no debe haber transfusiones de sangre, no se le debería de permitir a nadie y deberían de estar prohibidas en los hospitales públicos.

Se le olvida a Margarita Zavala que hay una cosa que se llama separación Estado-Iglesias y que nadie está hablando de introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo en las legislaciones eclesiales, sino en la legislación civil, donde el matrimonio es un contrato ajeno a criterios religiosos. Si algunas Iglesias prefieren no estar de acuerdo con ese tipo de matrimonios, pues que no lo celebren. Pero el deber de un funcionario público no es adelantar criterios religiosos para moldear los matrimonios civiles, sino respetar los derechos humanos de las personas y la igualdad de trato jurídico, independientemente de las preferencias sexuales de cada quien. Pero ahora el absurdo de mezclar convicciones religiosas con función pública pasa por virtud heroica, o prueba de piadosa integridad, cuando no es más que insensatez antirepublicana.

roberto.blancarte@milenio.com

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