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Lunes , 15.10.2018 / 23:31 Hoy

Perdón, pero...

¿Dónde quedó la separación?

Roberto Blancarte

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En los recientes debates públicos sobre el llamado del episcopado a marchar contra la iniciativa presidencial sobre matrimonio igualitario, las discusiones se han orientado, de manera equivocada, en el derecho que los ministros de culto tienen o no a pronunciarse sobre el tema. No se trata de impedir que ellos opinen. La Constitución dice que los ministros de los diversos cultos no podrán "en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones". Y la del matrimonio igualitario todavía no es ley. Así que pueden hacerlo. Pero el problema es otro.

En todo este debate, a la gente se le ha olvidado, ya no digamos la República y el Estado laicos, sino el "principio histórico de separación del Estado y las Iglesias", establecido en el artículo 130 de la Constitución. Allí también se dice que "los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas". En suma, que las dirigencias religiosas no tienen nada que ver con ellas. Esto viene de lejos. Hay que recordar que el 23 de julio de 1859 Benito Juárez promulgó la Ley del Matrimonio Civil y que en 1873 las Leyes de Reforma adquirieron rango constitucional. En particular, se estableció entonces que "El Estado y la Iglesia son independientes entre sí" y que "El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del estado civil de las personas, son de exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil".

Pero, desafortunadamente, nuestros funcionarios encargados de aplicar las leyes y la Constitución, están más preocupados por mantener la prudencia, que la Constitución y ninguno de ellos les ha explicado a los dirigentes religiosos que pueden opinar, por supuesto, pero que esto es materia exclusiva del ámbito civil. En otras palabras, que el Estado no se mete a decirles a las Iglesias cómo deben ser sus matrimonios y quiénes pueden casarse según sus normas, y las Iglesias no pueden pretender imponerle al Estado y al conjunto de la sociedad sus doctrinas o perspectivas religiosas.

En los debates de la Constitución de 1917 hubo algún diputado que propuso que todos los ministros de culto deberían estar casados para poder ejercer su ministerio. Era evidentemente una intromisión en los asuntos de las Iglesias y no se aprobó. Ahora, sin embargo, en el centenario de ésta, los jerarcas religiosos le quieren imponer al Estado laico las reglas y condiciones del matrimonio civil, aunque no es su materia. Si no es este el caso, que alguien me explique lo que es el principio de separación.

roberto.blancarte@milenio.com

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