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Viernes , 21.09.2018 / 11:51 Hoy

La agenda de seguridad para 2018

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Definitivamente quien ya se leyó la obra que recomendamos la semana pasada en este espacio, es Ricardo Anaya, precandidato de la coalición PAN, PRD y MC a la Presidencia de la República; y lo más significativo es que al parecer ya asumió como parte de su estrategia para acabar con la corrupción en el país (MILENIO JALISCO, 4 de enero), al menos dos de las tres propuestas planteadas por María Amparo Casar en esta obra que vale la pena recuperar: primero, simplificar los procesos más opacos y sujetarlos a controles digitales que garanticen la transparencia; segundo, impedir el uso de dinero en efectivo en todas las transacciones gubernamentales y de la economía formal. Optimizar la detección de transferencias ilícitas que impliquen cuentas de funcionarios públicos y, tercero, instituir la “muerte civil” de funcionarios públicos y empresas privadas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, mediante un registro público (2017:33).

El otro aspecto sobresaliente ocurrido durante este tiempo extendido de campaña, reconocido legalmente como periodo de “precampañas”, el cual apenas está por cumplir su primera semana, es que además del tema de la corrupción y la consiguiente debilidad del Estado de derecho, el siguiente tema que definitivamente marcará la agenda política en lo sucesivo, será el relativo a los asuntos vinculados con el problema de la inseguridad pública y la violencia que se vive en todo el territorio nacional. Así que más nos valdría tener muy presentes las propuestas en materia de inseguridad presentadas por cuatro de los autores de la obra “¿Y ahora qué? México ante el 2018.”

Por razones de espacio me referiré únicamente a quien fuera mi maestra durante la maestría, Beatriz Magaloni, quien en su ensayo se refiere a las bases sociales del crimen organizado y luego de diseccionar magistralmente las barreras de exclusión social y las instituciones públicas segmentadas, esto es, diseñadas para proteger los privilegios de los ricos y excluir a los pobres, como las causas de la violencia que se padece a lo largo y ancho del territorio nacional, causas cuya raíz la encontramos en otro problema como lo es la inequidad en la distribución del ingreso que prevalece en el país; finalmente, nos propone las siguientes tres alternativas muy puntuales: primero, invertir en la creación de cuerpos policiales y procuradores capacitados y libres de vínculos con la mafia; segundo, extender la presencia del Estado con políticas sociales, de urbanismo y de empleo, sobre todo en territorios controlados por grupos criminales y, tercero, crear políticas de prevención focalizadas en los jóvenes, en especial educativas (2017:187).

roberto.arias@coljal.edu.mx

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