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Martes , 17.07.2018 / 02:45 Hoy

Columna de Roberto Arias de la Mora

De policías, jueces, ladrones y ¿ciudadanos?

Roberto Arias de la Mora

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El pasado fin de semana tuve la muy desagradable experiencia de sentir muy de cerca la impotencia frente a la delincuencia común. Una experiencia que me movió a la reflexión acerca de la situación que guarda hoy la seguridad pública en particular y, en un sentido más amplio, lo que los especialistas suelen llamar el Estado de Derecho.

De entrada, sabemos por las confrontaciones ocurridas recientemente entre diversos cuerpos policiacos, que la supuesta coordinación prometida en el contexto del modelo policiaco vigente en la entidad, no pasa por sus mejores días (MILENIO JALISCO, 18 de abril); como también sabemos, gracias a la labor que viene realizando mi amigo y colega Guillermo Zepeda Lecuona, profesor investigador de El Colegio de Jalisco, que el sistema penitenciario jalisciense tampoco luce muy bien: dos de los ocho peores penales del país por el hacinamiento son de Jalisco, cuyas cárceles muestran una sobrepoblación promedio de 152 por ciento. Si a ello le sumamos la improductividad del sistema de impartición de justicia que, a enero de este año, arroja un saldo francamente deficitario, con tan sólo cuatro de cada diez reos sentenciados; además, de ubicarlo en el nada honroso primer lugar nacional en materia de reincidencia, con un 41.6 por ciento de internos que previamente habían sido condenados por un delito (MILENIO JALISCO, 12 de mayo).

De acuerdo con el propio Zepeda Lecuona, el otro ingrediente clave que viene agravar la situación actual, tiene que ver con la falta de personal de vigilancia en los reclusorios y las no pocas incidencias que supone la gestión laboral en este tipo de empleos (MILENIO JALISCO, 12 de mayo).

Frente a tales ingredientes, no sólo es difícil imaginar el auténtico caldo de cultivo que ha provocado el gravísimo problema, aún latente, al interior de las cárceles cuyo gobierno se encuentra en manos de los propios grupos delincuenciales; sino además, explica muy bien la desconfianza y el hartazgo ciudadano que han llevado a Jalisco a ocupar el lugar número siete entre las entidades federativas con la cifra negra –delitos no denunciados– más alta del país: 94.2 por ciento (ENVIPE INEGI 2016).

Si en Jalisco la gran mayoría de los delitos cometidos no están siendo denunciados por sus víctimas –apenas el 5.8 por ciento son denunciados– no sólo valdría la pena preguntarnos sobre los motivos que llevan a los ciudadanos a no denunciar; sino además, preguntarnos ¿qué es lo que está provocando, pese a las pocas denuncias, que las cárceles jaliscienses se encuentren sobrepobladas de delincuentes reincidentes, y atendidas por pocos policías? En definitiva, ¿qué estamos dejando de hacer bien?

roberto.arias@coljal.edu.mx

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