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Domingo , 23.09.2018 / 23:48 Hoy

Opinión

La autonomía de la Fiscalía General de la República.

Ricardo Velázquez

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¿En verdad afecta a la autonomía de la Fiscalía General de la República, la designación del actual Procurador General de la República?

La respuesta es: NO

En principio, la autonomía funcional y presupuestaria de la que sería la Fiscalía General de la República, es una de las medidas que más empoderan a la institución y a su titular, porque al no subordinarse a ningún otro poder, el Ministerio Público investigará y perseguirá los delitos en representación real de la sociedad, sin ningún otro interés más allá del estricto apego a la ley.

Designar en el eventual caso al actual Procurador General de la República a más de salvaguardar a la institución de vaivenes políticos y de interrupción en políticas específicas de persecución de los delitos, permite sin duda diseñar y aplicar una auténtica política criminal, que enfoque los recursos de la institución para combatir los delitos con mayor impacto social, y que promueva soluciones alternas y formas anticipadas de terminación del proceso penal para el resto de los casos, aspectos que de modo alguno se disocian del pensar transmitido por el Procurador ante la Conferencia Nacional de Procuradores e incluso en la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina, bajo la concepción actual del sistema de justicia penal, que garantiza la autonomía: el poder de decisión, el poder de representación, el poder de legalidad y el poder de actuación, y eso sólo lo otorga la Constitución.

Todo partido en el poder encontrará en sus detractores, la justificación idónea para impedir la autentificación de esa autonomía, que no es nueva de modo alguno; ya antes incluso se le dotó a la desahuciada PGR tan es así que en aras del poder, y sin atadura política, se llevaran a la justicia mexicana, a ex gobernadores por los casos de corrupción, ejemplos: Javier Duarte, quien se encuentra bajo prisión preventiva necesaria, además de haber desmantelado la red de corrupción que se construyó al amparo del ex gobernador de Veracruz; el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y su negociación con las autoridades estadunidenses o en el caso del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés al conformar un expediente por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, lo que permitió su detención, y hay más Roberto Borge, y César Duarte.

Es totalmente deleznable el pensar en una reforma Constitucional con sólo una mira: impedir a una persona participar en el proceso de designación, pues esto implica la violación flagrante al texto del artículo 14 de la Constitución General de la República, darle efectos retroactivos en perjuicio. Pensar que el cambio de la institución se obstaculiza por una persona, es como imaginar que la política de este país se comanda exclusivamente por el Presidente.

No puede pensarse siquiera en una reelección, pues esta existe cuando se trata del mismo cargo bajo sufragio, pero siendo de nueva creación, destruye todo argumento en ese sentido, sobretodo porque no se trata de un escrutinio público, ejemplo claro es la reestructuración que sufrió el Tribunal más alto del país en 1994, cuando se reconformó con 11 ministros, de los cuales, al menos dos fueron propuestos para desempeñar la función; misma ya se desempeñaban con igual encargo en la otra Suprema Corte de Justicia.

El tratar de impedir que el Jurista Raúl Cervantes llegue a ser Fiscal, oculta un secreto indigno, que se investigue al Sr. Ricardo Anaya de probable enriquecimiento ilícito del que se le ha acusado.

Con este convierte a su partido en un Escudo Natural, solo visto en la Nueva España hace 300 años, en el Régimen de Fueros y Privilegios. Qué pena para ese partido, y que pena para los mexicanos.

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