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Opinión

Equidad de género y pobreza infantil

Ricardo Velázquez

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Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), desde 2017 la pobreza infantil ha aumentado en casi dos terceras partes de sus países miembros.

Los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.

Recordemos que cuando hablamos de infancia, nos referimos a niños de 0 a 17 años de edad. En aquella lista, México ocupa el sexto lugar; sólo detrás de Estados Unidos, Chile, España, Israel y Turquía. En el lado opuesto, se encuentran Dinamarca, Finlandia, Eslovenia, Corea del Sur e Islandia, con tasas de pobreza infantil menores a 8 por ciento.

Asimismo, es indefectible mencionar que de los 129,2 millones (2017) de habitantes que hay en nuestro país, 39.2 millones son niños; de ellos, el 51 por ciento vive en situación de pobreza. A ello debemos añadir que 9 de cada 10 niños que hablan una lengua indígena son pobres, de acuerdo con el informe anual de Unicef de 2017.

La misma Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha pronunciado algunas recomendaciones con el objetivo de reducir este problema social, tan frecuente en la actualidad. Se trata de equidad de género, igual de oportunidades para los padres y las madres, solicitando que el trabajo de ambos sea ventajoso para ambos padres para que los salarios e incentivos financieros sea igualmente sólidos en ambos casos, a fin de estimular el empleo de ambos padres y garantizar la protección duradera de los niños contra la pobreza. Asimismo, el aumento de servicios de guardería de tiempo completo.

La pobreza económica de la población infantil y adolescente, también afecta sus estructuras de oportunidades como consecuencia de una menor inversión en educación, salud e infraestructura pública, entre otros servicios imprescindibles para el desarrollo humano y el efectivo ejercicio de sus derechos.

Más allá de la dimensión económica, la pobreza afecta a otros derechos fundamentales. La dignidad y la autoestima de una persona también se ven afectadas y la pobreza impide el ejercicio de las libertades individuales; es una amenaza para la seguridad de la propia existencia (ausencia de ingresos y de acceso a una vivienda, a la atención sanitaria y a la justicia) y socava el desarrollo personal, intelectual, cultural, familiar y social.

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