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Jueves , 13.12.2018 / 14:30 Hoy

Opinión

El proceso electoral en la federación y Puebla

Ricardo Velázquez

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La contienda electoral 2018 no tiene precedente en la vida política de nuestro país, pues nunca habían estado en juego tantos cargos de elección popular: Presidente de la República Mexicana, 128 senadores, 500 diputados de la Cámara Baja, así como 8 gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías, con un total de 18 mil 311 cargos. Sin duda alguna, una de las contiendas que lamentable e inadmisiblemente se ha visto envuelta en un clima de violencia grave en todos los niveles de gobierno. En días recientes, cifras oficiales presentadas con la consultora privada Etellekt han señalado que son 400 las agresiones registradas a políticos, de las cuales 113 corresponden a asesinato; la misma cifra aumenta si sumamos los 50 asesinatos que corresponden a familiares de actores políticos, además de los ofendidos por el delito, refiriéndome a sus familias y círculos cercanos. Debo mencionar que se han presentado renuncias de algunos candidatos por este motivo, desistiendo a su derecho ciudadano de ser votado para el cargo de alguna elección popular, establecido en el artículo 35, fracción II de nuestra Carta Magna.

Aunado a ello, se prevé la desaparición de 6 de los 9 partidos políticos. En la contienda participaron Morena, PRI, PAN, PT, PRD, PVEM, MC, Panal y PES, estos últimos, en riesgo de perder su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a la baja cantidad de votos obtenidos en las elecciones.

Sin lugar a dudas, la mayor participación ciudadana en la historia política de México: 155 mil 484 casillas con un millón 386 mil 876 funcionarios; quienes contaron con 279 millones 576 mil 150 boletas para los comicios.

Andrés Manuel López Obrador ha participado en las últimas tres contiendas, obteniendo hasta ahora el triunfo presidencial. En 2012, en la alianza PRD, PT y MC, el voto presidencial hacia él fue del 35.31 por ciento; en 2016, con la misma alianza la ciudadanía a su favor fue del 31.59 por ciento. El pasado 1 de julio, la simpatía por el candidato fue del 52.96 por ciento, en la alianza Morena, PT y PES. Obtuvo una ventaja de 30 puntos sobre el segundo lugar, una diferencia que no se había presentado desde 1982 en una elección presidencial en México. Sin embargo, no fue la elección más concurrida: votaron dos de cada 3 electores, y en 1994 acudió a votar el 77 por ciento.

Según los datos históricos electorales del INE, la victoria de Andrés Manuel López Obrador respecto de su más cercano competidor no es la más amplia en 30 años. En 1982, el candidato Miguel de la Madrid (del PRI, PPS y PARM) obtuvo cuatro veces más votos que quien quedó en segundo lugar en número de votos, el panista Pablo Emilio Madero.

En Puebla, el proceso electoral ha sido confuso, que si bien no se explica por la lógica, es porque el derecho es la razón artificial de la ley; es decir, se realiza y califica conforme a la ley. La ley es en sí una violencia racional para la convivencia social, y solo por las instituciones se puede llegar a la justicia, ya que esta no puede ejercerse por mano propia. La ilegalidad de la actuación de la Fepade se basa en el garrafal error de detener a personas -más de 40 por simple señalamiento, sin datos de prueba y sin competencia para hacerlo, ya que dicha institución sólo puede conocer de delitos electorales del ámbito federal-, e irrumpió en un Estado que tiene órganos de competencia local.

Solo las autoridades competentes podrán resolver las impugnaciones a la elección. Hasta ahora existe una gobernadora electa y es por la vía institucional y no por medio de la violencia como habrán de dirimirse esta cuestión, para beneficio de los poblanos, por la legitimidad de las nuevas autoridades; en resumen, para bien de Puebla.

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