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Martes , 18.09.2018 / 19:03 Hoy

Antilogía

Sistema anticorrupción, a medias

Ricardo Monreal Ávila

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El combate a la corrupción debió haber sido la primera de las reformas estructurales. Pero se abandonó a su suerte, a pesar de los diagnósticos, indicadores y constantes demandas ciudadanas para atender este grave problema nacional, que está en la raíz de otras calamidades como la inseguridad, el desempleo, la falta de crecimiento económico y la destrucción del tejido social.

El reportaje de la casa blanca en noviembre de 2014, una investigación periodística del equipo de Carmen Aristegui —difundida en medio del escándalo nacional e internacional sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa—, marcó desde entonces a la actual administración, sometiéndola a una crisis de credibilidad sin precedente.

Desde la Colina del Perro y el Partenón en el sexenio de José López Portillo, ninguna propiedad particular de un funcionario había sido tan emblemática de un agravio nacional colectivo.

Desde la sociedad civil y desde la oposición política surgieron entonces propuestas para crear un sistema nacional anticorrupción. El antídoto del cáncer nacional. Surgieron iniciativas ciudadanas como el 3de3 y propuestas legislativas como la fiscalía anticorrupción, que por no provenir directamente del Poder Ejecutivo fueron sometidas a un proceso de manoseo y esterilización que aún no acaba.

El cabildeo para generar un Sistema Nacional Anticorrupción descafeinado y sin colmillos no solo provino del poder público. Desde la iniciativa privada se presionó al Poder Legislativo para disminuir las penas y castigos a las empresas cuyos directivos fomentaran prácticas de corrupción para coludirse con funcionarios públicos y obtener ventajas empresariales o contratos públicos de manera indebida.

Después vendría el desaguisado de la ley 3de3, que en un ejercicio de máxima confusión de funciones, se pretendió dejar la carga de su observancia y aplicación a los particulares que tuvieran acceso a recursos públicos, en lugar de los responsables de su administración y asignación, que son los funcionarios públicos.

El sinuoso y tortuoso camino que siguió el Sistema Nacional Anticorrupción evidencia el cúmulo de intereses y resistencias que aún existen en el poder político y en el poder económico para promover un combate real y a fondo de este problema.

Mientras no se pueda juzgar y destituir a un Presidente de la República o a un gobernador en funciones por actos graves de corrupción; mientras la corrupción no sea una causal para el retiro expedito del fuero o inmunidad a servidores públicos de los tres poderes y órdenes de gobierno; mientras la difusión de la situación patrimonial y fiscal de los funcionarios sea discrecional y no obligatoria; mientras la designación de los nuevos responsables del Sistema Nacional Anticorrupción siga la práctica de las cuotas y arreglos de la partidocracia; mientras los nuevos órganos anticorrupción no se ciudadanicen ni se independicen de los poderes político y económico; en fin, mientras no existe una dimensión más directa y abierta a la participación ciudadana en la prevención y denuncia de la corrupción, este cáncer seguirá erosionando la conciencia y el cuerpo nacional.

El perdón por la casa blanca y la renuncia del secretario de la Función Pública son un buen inicio. Pero la escalera del Sistema Nacional Anticorrupción requiere muchos más peldaños para caminar en firme y sin descansos.

ricardomonreala@yahoo.com.mx
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