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Jueves , 18.10.2018 / 18:29 Hoy

Antilogía

Elecciones y empresas

Ricardo Monreal Ávila

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Inducir a los empleados de una empresa a votar por tal o cual candidato, por parte de los ejecutivos de la misma, es una práctica penada y castigada en Estados Unidos y Europa.

Peor aún: si esa recomendación es en sentido negativo, es decir, para que no voten por tal o cual opción política, se incurre en una “conducta discriminatoria inducida”, equiparable a la “censura”, que atenta contra los más elementales derechos civiles y políticos de los trabajadores.

El fundamento liberal de esta posición es muy claro: cuando un trabajador o un empleado firma un contrato laboral, está vendiendo su fuerza de trabajo, no su conciencia.

El derecho a votar (o ser votado) de un empleado o trabajador, es un derecho humano del ámbito de la conciencia individual, no de la esfera administrativa o laboral bajo la cual se rige el contrato entre patrón y empleado.

Las cartas que los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios están haciendo llegar a sus empleados para que “razonen su voto” y no sufraguen por una “opción populista” se encuadran en una práctica reprobable e ilegítima desde el punto de vista de la nueva cultural laboral que desde hace más de una década se fomenta en países democráticos de América, Europa y Asia, donde se anteponen los derechos humanos de los trabajadores (entre ellos, el derecho a votar por quien les plazca), a cualquier otra consideración, ideología o interés económico particular de las empresas.

Así lo explica una de las consultoras que monitorean y promueven “prácticas laborales humanizadoras” a escala global. La nueva cultura laboral busca equilibrar “calidad de vida” y “trabajo”. “Cuando las demandas y presiones de trabajo interfieren u obstaculizan los intereses personales o familiares, se están interfiriendo esferas de la vida personal y es ahí cuando se genera un conflicto que desencadena en el trabajador un cierto grado de estrés y/o presión, de modo que es ahí cuando el trabajo ya interfiere en la vida personal, y lo mismo es a la inversa” (www.rankia.mx/ “las verdaderas mejores empresas para trabajar en México 2018”).

Las cartas del CMN, al buscar inducir el voto, generan estrés y presión en los trabajadores porque abiertamente vinculan la permanencia o continuidad de una fuente de empleo con la preferencia electoral de un trabajador.

Si estas mismas cartas fuesen distribuidas por un gobernador o alcalde entre los empleados de su gobierno, estarían incurriendo en el delito electoral de la coacción, que no es otra cosa que la interferencia indebida en el libre albedrío de los trabajadores para decidir su voto, condicionando la permanencia de la fuente de trabajo al resultado electoral. Si esta inducción es deleznable y reprobable en el sector público, ¿por qué debería ser tolerable, aplaudible y hasta “ejemplar” en el sector privado?

En este contexto, la libertad de expresión del ciudadano-patrón tiene como límite la libertad de elección del ciudadano-trabajador.

Por último, ninguna de las empresas que distribuyen cartas contra “el populismo” está en el top ten de las mejores empresas para trabajar en México, según sus propios empleados, quienes califican el nivel salarial, las prestaciones económicas, el ambiente laboral, la capacitación y la seguridad social proporcionadas.

Esto significa que el exhorto empresarial a no votar por una “opción populista” podría generar un efecto búmeran, en función del bajo nivel de satisfacción o pobre calidad de vida que estas empresas proporcionan a sus empleados.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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