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Perspectiva Jurídica

Seguridad y derechos humanos

Ricardo Cisneros Hernández

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La violencia ha puesto al gobierno en la encrucijada de combatir la criminalidad a costa de los Derechos Humanos.

En ese escenario la Suprema Corte (SCJN) resolvió que es constitucional, entre otros, el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Ese artículo establece que en la investigación de un delito, las policías no requerirán la autorización previa de los jueces de control para revisar revisiones corporalmente a la personas o inspeccionar vehículos.

La CNDH ejerció la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, argumentando que las revisiones de personas y vehículos sin orden judicial transgreden los derechos de libertad personal y seguridad jurídica.

Sin embargo, la Corte resolvió, por mayoría de votos, que es constitucionalmente válido que la policía revise a personas o vehículos sin una orden judicial.

Después, para matizar su resolución, aclaró que las revisiones sólo procederán si ocurren ante la sospecha razonable de la comisión de un delito, o en el curso de una investigación que implique a las personas o vehículos determinados.

Lo resuelto por la SCJN es incomprensible y reprobable porque su misión esencial es mantener y defender el orden constitucional, y de manera sobresaliente el respeto de los Derechos Humanos.

Evidentemente el art. 251 viola el art. 16 constitucional, el cual dispone que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o posesiones sin el mandamiento por escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

La resolución nos expone a sufrir vejaciones y tocamientos inapropiados en las revisiones, y a que coloquen drogas o armas en los vehículos para luego acusarnos de su posesión y extorsionarnos.

Es un serio problema mantener el equilibrio entre las libertades y la seguridad, pero el fin no debe justificar los medios.

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