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Jueves , 18.10.2018 / 16:26 Hoy

Perspectiva Jurídica

Racionalidad en los derechos humanos

Ricardo Cisneros Hernández

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La primera obligación del Estado es defender su propia existencia y la eficacia de sus instituciones; el incumplimiento implica reconocer un poder superior y que el Estado renuncie a su razón de ser. Si tal cosa ocurre el orden establecido sucumbe ante la sedición y es substituido por la anarquía.

Hace años padecemos hechos de sedición, rebelión y terrorismo que debilitan la seguridad nacional e imposibilitan el desarrollo normal de la vida. Sin embrago, el gobierno se resiste a llamarlos por su nombre, y sostiene en el discurso oficial que se trata de delincuencia común y conflictos sociales; y los ciudadanos fingimos creer para no alarmarnos.

A la guerra contra el narcotráfico y a las innumerables protestas violentas o paralizantes se agrega el mal llamado conflicto magisterial que en el fondo es una mezcla de guerrilleros, mercenarios y vividores que alentados por la impunidad luchan para derrocar al gobierno y trastocar el sistema político.

Los líderes y sus huestes roban, dañan bienes, incendian, atacan vías de comunicación, lesionan y asesinan y no son detenidos en flagrancia. A los pocos que son procesados se les acusa de delitos a modo para que pronto sean liberados. Por su parte, los ciudadanos reclaman en vano que se someta legalmente a los sediciosos y se restablezcan la paz y el orden.

En ese escenario de crisis, la Secretaria de Gobernación dialoga con los rebeldes y ofrece acuerdos políticos. La Suprema Corte resuelve, sin tomar en cuenta los daños a la población, que las marchas de protesta son un derecho humano. Y el Presidente en una entrevista con López Dóriga, dice: “El gobierno no tendrá reparo para usar la fuerza pública, pero antes de ese último recurso están los espacios de diálogo y acuerdo”.

Mientras tanto, los alzados ignoran a la autoridad y continúan el bandolerismo. Ellos sólo dialogan para exasperar y exhibir la debilidad del gobierno y obtener beneficios, usando como pretexto el respeto a sus derechos humanos. Pero esos derechos están sujetos al principio de racionalidad que obliga a distinguir a los ciudadanos decentes de los delincuentes.

Evidentemente, el uso de la fuerza arbitraria no es la solución, pero si lo es la imposición correcta y enérgica de las leyes. Los derechos humanos garantizan a los delincuentes un juicio justo, pero es irracional aceptar que delinquir sea un derecho.

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