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Miércoles , 20.06.2018 / 13:33 Hoy

Perspectiva Jurídica

Moratoria

Ricardo Cisneros Hernández

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Me parece que el estudio crítico de las causas de la corrupción siempre ha ignorado o menospreciado el papel de la banca como el prestamista embaucador que obtiene pingües ganancias abusando de las arcas nacionales.

El denominador común de la desmesurada malversación de fondos públicos es la participación de los bancos que otorgan créditos irrestrictamente, sin supervisar el destino y sólo basados en las garantías de pago.

De esa manera se provee a los malos gobernantes de caudales que aprovechan en su beneficio contratando obras y servicios a precios desmesurados y otorgando privilegios inmorales a congresistas, gobernantes y funcionarios.

Banqueros y gobiernos se justifican sosteniendo que la deuda pública es benéfica para la inversión en obras y servicios necesarios para el progreso y bienestar social.

Eso sería cierto si la deuda se contratara con intereses razonables y pagos que no inhiban el funcionamiento de los gobiernos, se destinara a la contratación de obras productivas y no hubiera malversación de recursos.

Como esas condiciones no se observan la deuda pública es impagable y ha creado un círculo vicioso en el que los gobiernos contraen nuevas deudas para pagar los intereses de las anteriores y seguir cometiendo desfalcos.

Cuando el pueblo, único pagador de la deuda, deviene insolvente el último remedio para la codicia temeraria de la banca es la moratoria o aplazamiento de los pagos.

Medida extrema que puede causar revoluciones como ocurrió en 1861 cuando Juárez expidió la Ley de Suspensión de Pagos que provocó, entre otras razones, la segunda intervención francesa.

Si la moratoria no es recomendable por sus efectos nocivos, la posibilidad de su ejecución debería bastar para que la banca y los gobiernos negocien la reducción de capital e intereses y los altos sueldos de la jerarquía burocrática.

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