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Perspectiva Jurídica

Los bancos y la deuda pública

Ricardo Cisneros Hernández

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El problema de Coahuila es la deuda pública. El capital, los intereses, los honorarios, comisiones y coberturas desangran las finanzas del Estado y le impiden el cumplimiento de sus funciones esenciales.

La deuda original fue de 36 mil millones de pesos; a julio de 2017 el Gobierno pagó 17 mil 522 millones. De esa cantidad se abonaron al capital 3 mil 394 millones; pero se contrataron préstamos por 2 mil 633 millones de pesos. Así, pues, la deuda no ha disminuido.

El empobrecimiento del Estado ha provocado el deterioro de los servicios públicos fundamentales como son la salud, la administración y procuración de justicia, amén de la construcción y mantenimiento de las obras materiales.

Hasta ahora sólo se ha señalado la responsabilidad del gobierno anterior; y pocos han hecho notar que tratándose de deuda pública se necesita de la complicidad de las instituciones bancarias.

La Constitución federal dispone que los Estados y los Municipios sólo podrán contratar empréstitos para inversiones productivas; y ambos requieren de la autorización de los congresos locales.

Los bancos están obligados a respetar las leyes, reglamentos y protocolos que rigen la contratación de préstamos, a corroborar la legalidad del procedimiento seguido para solicitarlo, el destino del dinero y la capacidad de pago del deudor.

Si los bancos no acataron la normatividad legal y ética a que están obligados y sólo les interesaron las ganancias, son corresponsables del endeudamiento de Coahuila.

En ese caso, el próximo gobierno del Estado podría plantear la posibilidad de demandar la nulidad de la deuda, o de declararse en mora con la finalidad de obtener una quita del capital y la reducción de los intereses.

La otra opción sería el auxilio del gobierno federal; pero es improbable por la situación del país.

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