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Perspectiva Jurídica

Las remuneraciones de la Corte

Ricardo Cisneros Hernández

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La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que entró en vigor el 6 de noviembre de 2018, provocó la inconformidad del Poder Judicial. 

 
Esta situación, merece un análisis que coadyuve a la formación de una opinión justa que, en lo posible, influya en el mejoramiento de la Ley. 


Es comprensible la reacción de los afectados. Pero la reticencia de los ministros para observar cabalmente la Constitución es una antinomia, una contradicción en sí misma. 

 
Desde el año 2009, el artículo 127 constitucional dispone que ningún servidor público podrá recibir por su cargo una remuneración mayor a la del presidente de la república. 


El artículo 108 de la Constitución establece que son servidores públicos, entre otros, los miembros del Poder Judicial Federal. 


Así, pues, desde entonces está prohibido que los servidores públicos tengan un sueldo mayor al del presidente. Para no observar esa prohibición se argumentaba que no existía la Ley reglamentaria. 


Ese argumento de suyo cuestionable, lo es más tratándose de los ministros y magistrados, puesto que su función esencial es hacer que se respete la Constitución. 


Tampoco es válido argüir que el Poder Judicial es independiente y por lo tanto exento de la aplicación de la Ley, porque ninguno de los poderes de gobierno está sobre la Constitución. 


Además, es poco lo que la SCJN ha hecho en pro del Estado de Derecho; por lo que son injustificables sus altos sueldos y prestaciones. 


Sin embargo, lo que debe controvertirse es la forma arbitraria en que el Presidente determinó el monto de su sueldo. 


Por su trascendencia, el sueldo presidencial debería fijarse de manera técnica, tomando en cuenta el mercado laboral, la economía del país y el nivel de preparación y responsabilidad de los afectados por el tope salarial. 



ciher57@hotmail.com

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