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Domingo , 22.07.2018 / 07:31 Hoy

Perspectiva Jurídica

La retórica contra las drogas

Ricardo Cisneros Hernández

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A pesar de los trágicos resultados de la guerra contra el narcotráfico muchos actores políticos, sociales y religiosos siguen obstinados en centrar el debate sobre los daños a la salud y la moral que causa el consumo de la mariguana; y no enfrenten la urgencia de desactivar el inmenso poder de los cárteles y sus funestas consecuencias.

Es tiempo de hacer una reflexión colectiva sobre el estado real de la violencia, el ingente número de muertos, desaparecidos, huérfanos, desplazados y presos que ha dejado esta guerra irregular, la creciente descomposición de la sociedad y las instituciones, los costos económicos que pagamos los contribuyentes, y los nulos o magros resultados del combate.

El presidente Peña Nieto en su discurso en la ONU dijo que las políticas contra las drogas deben de atender el consumo como un problema de salud pública y no penal. El pleno de la ONU determinó que se debe pasar del prohibicionismo a la prevención y comprensión de las causas con pleno respeto de los derechos humanos.

Se esperaba que el presidente iniciara el fin de la guerra y reencausara las acciones desde la perspectiva de los derechos humanos que implica el respeto al libre albedrío sobre las acciones personales, siempre que no dañen a terceros. Pero, prácticamente, se limitó a proponer el aumento de los gramos de mariguana permitida; en tanto siguen siendo delitos la producción y el comercio; ycontinúa el combate armado.

De esa manera, las acciones presidenciales ni siquiera se aproximan a la resolución de la Primera Sala de la SCJN que, por respeto a los derechos humanos, determinó que las cuatro personas que promovieron el amparo son libres de sembrar y transportar mariguana para su propio consumo. Y está muy lejos de la verdadera política de Estado que implementó el presidente Cárdenas.

Cárdenas legalizó el consumo y aprobó la comercialización de drogas por parte del gobierno.Estableció un monopolio para la venta y distribución de fármacos prohibidos a costos normales para evitar la intervención de narcotraficantes. La medida duró 6 meses porque EEUU impuso su derogación bajo la amenaza de impedir que las farmacéuticas nos vendieran medicamentos.

La magnitud del problema demanda acciones similares a la resolución de la SCJN y al decreto de Lázaro Cárdenas. Sino lo expuesto en la ONU será sólo una pieza retórica: el arte del bien decir.

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