Los pilares del plan de gobierno del presidente López Obrador, son: la honestidad, el combate a la corrupción y la austeridad republicana.
Siempre ha sido un clamor la terminación de los privilegios injustos, el uso eficiente de los recursos y la rendición de cuentas.
Sin embargo, ahora que el nuevo gobierno ha emprendido la disminución de sueldos y gastos excesivos claman los afectados, la oposición y los comentaristas beneficiarios del pasado inmediato.
En ese tenor, los rectores protestaron por los recortes presupuestales a universidades e instituciones de educación superior.
El Presidente primero dijo que la disminución a esas instituciones era para acabar con sus lujos y derroches; pero pronto rectificó y prometió enmendar los recortes.
El reclamo de los rectores actualiza la controversia sobre los alcances de la autonomía universitaria.
El artículo 3º constitucional dispone que las universidades y las instituciones educativas autónomas, tienen la facultad de gobernarse a sí mismas; y por lo tanto el derecho de manejar libremente sus presupuestos.
No obstante, siempre prevalecerá el debate sobre sí es ética y jurídicamente correcto que protegidas por la autonomía dispongan discrecionalmente de recursos públicos.
Eso ha permitido que algunas universidades participen en delitos como la estafa maestra, en la que el anterior gobierno desvió 7 mil 670 millones, triangulando contratos entre universidades y empresas fantasmas.
También, la discrecionalidad, ha sido la ocasión para los altos sueldos, los lujos y los excesos en las universidades.
Es deseable que los rectores, así como defendieron el presupuesto, debatieran a fondo sobre lo insostenible de la educación superior gratuita, el ingreso a profesional sin exámenes de admisión y la saturación de carreras. Y, ojalá, que todos asumiéramos la responsabilidad de evitar la corrupción, cultivar la honestidad y coadyuvar a que exista un gobierno austero, eficiente y justo.
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