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Lunes , 24.09.2018 / 19:13 Hoy

Columna de Raúl Vargas López

Presa El Zapotillo

Raúl Vargas López

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En el asunto de la presa El Zapotillo, existen una serie de antecedentes que la ciudadanía tiene el derecho de conocer para ampliar su entendimiento sobre la forma en cómo han evolucionado los hechos y la función o parte que cada quién ha desempeñado en todo esto.

El origen puede ubicarse en un convenio signado a mediados de octubre de 2007 por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en representación del Poder Ejecutivo Federal y los poderes ejecutivos estatales de Guanajuato y Jalisco, en el cual se establecen los términos para el desarrollo de la presa El Zapotillo y el Acueducto El Zapotillo – Altos de Jalisco – León, Guanajuato. En el apartado en el cual se establece la distribución de la reserva de agua proveniente del Río Verde se lesionan derechos ya adquiridos por Jalisco (según un decreto federal fechado en 1997) debido a la reducción de su cuota anual de disposición que pasó de más de 372 millones de metros cúbicos a menos de 161 millones, es decir, una merma de alrededor del 57 por ciento.

Ante esta situación, el 7 de septiembre de 2012, quienes formábamos la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, por medio de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del propio Congreso, interpusimos a nombre del Poder Legislativo de Jalisco (cuya mayoría había aprobado por votación mayoritaria esta acción), una demanda por la vía de controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Poder Ejecutivo Federal (a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por conducto de la Comisión Nacional del Agua), el Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato y el Poder Ejecutivo del estado de Jalisco para exigir la invalidez del Convenio de Coordinación (celebrado entre el ejecutivo federal y los ejecutivos estatales antes mencionados) que sentaba las bases de la realización de estudios, elaboración de proyectos, así como la construcción y operación del sistema presa El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato (suscrito a mediados de octubre de 2007) y de cualquier acto de autoridad derivado de dicho Convenio.

La tesis central de la demanda contiene 3 puntos (aunque uno sólo bastó para echar por tierra toda la arbitrariedad con que han sido tratadas las comunidades y familias afectadas por este proyecto):

Primero.- El Convenio lesiona derechos de los habitantes de Jalisco (particularmente de quienes habitan en la Zona Metropolitana de Guadalajara) al reducir la cuota anual de disposición de agua proveniente del Río Verde en poco más del 43%. Y afecta diversas comunidades aledañas a la ubicación de la cortina de la presa al incrementar su altura de 80 a 105 metros. Este incremento representa la inundación de una mayor superficie y afectará terrenos actualmente habitados o destinados para actividades productivas.

Segundo.- Los funcionarios federales y las autoridades estatales firmantes del acuerdo (titular de la Conagua y gobernadores de Guanajuato y Jalisco) no tienen facultades para modificar el decreto emitido por el Presidente de la República en 1997 y que entre sus consideraciones establece un reparto de las cuotas de agua provenientes del Río Verde tanto para Guanajuato como para Jalisco que es distinto al acordado en el Convenio en comento.

Tercero.- El Convenio suscrito tiene vigencia por 30 años, lapso que rebasa el término del mandato constitucional del titular del ejecutivo estatal, Emilio González Márquez, y por lo tanto, como gobernador en funciones estaba obligado por ley a solicitar la aprobación del Congreso de Jalisco para hacer partícipe a nuestra entidad de dicho mecanismo vinculatorio.

El 10 de septiembre de 2012, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el expediente relativo a la demanda de controversia presentada por el Congreso de Jalisco y se designó al Ministro José Fernando Franco González como instructor del procedimiento.

El 7 de agosto de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala dio la razón al Congreso de Jalisco acerca de la invalidez del convenio suscrito por el gobernador Emilio González Márquez. La línea argumentativa fue la siguiente:

- La fracción XI del artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece entre las funciones del Congreso: “Autorizar al titular del Poder Ejecutivo para que celebren actos jurídicos que trasciendan el ejercicio de su administración o representen enajenaciones de su respectivo patrimonio, en los términos que disponga la ley…”.

- El impugnado convenio de coordinación señala en su cláusula Décima Sexta: “El presente convenio de coordinación entrará en vigor el día de su firma y estará vigente hasta por el periodo previsto para la recuperación de la inversión en la construcción de la presa…”

- Por lo tanto, el convenio de coordinación excede el plazo para el cual fue electo el gobernador de Jalisco que lo suscribió, por lo que su celebración debió ser autorizada de forma previa o posterior por el Congreso de Jalisco.

- Y dado que el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco no aportó prueba alguna para acreditar que sometió a la consideración del Congreso estatal la celebración del convenio impugnado, se declara fundada la controversia constitucional y se declara la invalidez del convenio.

Con la invalidez del convenio se sentó la base legal general para impugnar todo tema derivado de dicho acto, en concreto, el incremento de la altura de la cortina de la presa de ochenta a ciento cinco metros, decisión que afectaría una mayor cantidad de tierras aledañas al desarrollo e incluso obligaría a la pérdida de patrimonio cultural jalisciense en la región de Los Altos.

Esta determinación inapelable y dictada por el máximo órgano judicial del país fue resultado de la controversia promovida por la LIX legislatura del Congreso de Jalisco, en momentos en los que muchos de quienes en estos días quiere sacar provecho político de la lucha de las comunidades y familias afectadas eran aliados políticos del entonces gobernador, de extracción panista, Emilio González Márquez. Como diría el compositor y cantautor argentino Fito Páez: “Pueden fingir hasta que llores, pero mi amor, son impostores. Y aunque te inviten a su mesa, no estarán de tu lado. Y aunque lo juren y prometan, no estarán de tu lado”.

Presidente del PRD Jalisco

@RaulVargasLopez

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