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Martes , 23.10.2018 / 18:41 Hoy

Columna de Raúl Vargas López

El asalto a la salud pública en Jalisco

Raúl Vargas López

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El pasado 4 de septiembre se presentó en el Congreso de Jalisco, por parte del Poder Ejecutivo Estatal, la iniciativa de decreto mediante la cual se pretende expedir la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Jalisco. A simple vista pareciera que se trata sólo de la formalización de la estructura administrativa y organizacional que albergaría al Seguro Popular que ya opera en Jalisco. Pero el tema tiene implicaciones de fondo.

Resulta curioso que luego de presentada esta iniciativa se utilicen todos los medios al alcance del Poder Ejecutivo para promover su aprobación expedita y, diría yo, acrítica. Téngase en cuenta que el ejecutivo firmó desde el pasado 10 de marzo un acuerdo de coordinación con la federación en materia de salud cuya consecuencia previsible sería la armonización legal y organizacional del sistema jalisciense para empatar atribuciones y responsabilidades con su contraparte federal. Pero tal parece que decidieron esperar el paso del clima electoral (para no avisparlo) y ahora quieren apresurar el paso antes del cambio de la correlación de fuerzas en el Congreso local.

En la exposición de motivos, una vez más, se toma como bandera el tema de la cobertura y se deja de lado el derecho que los ciudadanos tenemos para que el Estado nos garanticeun acceso efectivo y expedito a los servicios de salud, tal como lo mandata el artículo 4to. Constitucional.

Y una vez más, insisto, que nunca será lo mismo inscribirse en un padrón que cada tanto se compara con el censo de población para decir que se tiene un alto porcentaje de cobertura en materia de salud, que crear una red de clínicas, hospitales y programas, con los medios, el personal y los medicamentos suficientes y pertinentes para atender a una población que cada día demanda más y mejores servicios.

Pero la cosa no termina con la sospechosa medición de los tiempos electorales y políticos por parte del Poder Ejecutivo.

En el artículo 18, fracción XXIII de esta Ley se faculta al Director General de este órgano descentralizado para decidir si la prestación de los servicios se hará en las instituciones públicas afiliadas al propio sistema o en instituciones privadas, cuando las primeras se encuentren saturadas.

Todo mundo sabe, y es fácil constatarlo, que la saturación de las instituciones públicas existe, y tal parece que con esta iniciativa lejos de dar respuesta a este problema, con más y mejor infraestructura, se opta por transferir los pocos recursos existentes a manos privadas.

Instituciones públicas de salud que en la práctica ya están saturadas y que llevan varios años operando bajo esta condición. De ahí el diferimiento de cirugías, la postergación de consultas, el peregrinar de enfermos o heridos de una institución a otra porque no hay capacidad de atención y la vista frecuente de pacientes en el suelo o en camillas porque no pueden ser trasladados a piso.

Cabe preguntarse, además: ¿quién supervisará la enorme discrecionalidad que el Director General de este organismo tendrá para favorecerlo privado frente a lo público bajo el argumento de la necesidad de dar respuesta a la creciente demanda popular de atención a la salud?

Tal parece que todo esto lejos de favorecer la exigibilidad de una garantía establecida en el artículo 4to. de nuestra Carta Magna, sólo es una Patente de Corzo para minar aún más el sistema público que en los últimos años no ha visto crecer su infraestructura de forma proporcional a como lo ha hecho la demanda de servicios ni tampoco ha visto incrementarse el número de plazas de personal general y especializado para hacer frente a los cambios epidemiológicos y sociodemográficos que imponen nuevas dinámicas de atención.

Esta iniciativa no es otra cosa que la mera continuación y extensión de lo ya anunciado a nivel federal desde el año pasado para impulsar por la vía de los hechos el proceso de privatización del sistema público de salud; algo que todos los funcionarios federales y estatales se empeñan en negar.

Por si todo lo anterior no fuera motivo suficiente para cuestionar el fondo y la forma de esta iniciativa, en su artículo 7mo. se define a los integrantes de su Junta de Gobierno y llama poderosamente la atención la ausencia de instituciones y funcionarios que por la naturaleza de su vocación y responsabilidades son protagonistas en el tema de la atención pública a la salud en Jalisco, como es el caso de los Hospitales Civiles de Guadalajara que son, además, la columna vertebral del Seguro Popular en nuestra entidad.

¿Qué sentido tiene, entonces, la creación de un sistema sectorizado en la Secretaria de Salud de Jalisco, si quienes se encargan de hacerlo realidad no tienen representación, voz o voto en las decisiones y si además el Seguro Popular como programa ya está radicado en dicha Secretaría?

En el mejor de los casos se trata sólo de una figura jurídica más, con las consecuencias administrativas, financieras y burocráticas que un organismo público descentralizado de este tamaño tendría. En el peor, asistimos a la formalización de la puesta en entredicho de un derecho fundamental para los jaliscienses y los mexicanos.


Presidente del PRD Jalisco

@VargasLopezRaul

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