• Regístrate
Estás leyendo: Catalunya, cuestión de democracia
Comparte esta noticia

Columna de Raül Romeva

Catalunya, cuestión de democracia

Raül Romeva

Publicidad
Publicidad

Una parte muy importante de la sociedad en Catalunya ha llegado a la conclusión de que necesita un Estado propio para profundizar en su estado del bienestar, para preservar la cohesión social y para mantener su personalidad cultural en toda su diversidad. Ha llegado a la conclusión que estos objetivos, cívicos y democráticos, no están garantizados en el actual Estado español.

En las últimas elecciones catalanas, las fuerzas políticas favorables a la independencia —que recogen todo el abanico ideológico exceptuando la extrema derecha— obtuvieron la mayoría absoluta en el Parlamento catalán. Cabe añadir que los representantes favorables a realizar un referendo sobre la independencia casi ocupan dos tercios de la Cámara.

A pesar de esto, la demanda de celebrar un referendo de autodeterminación —al estilo de los realizados en Quebec o en Escocia— ha obtenido por parte del gobierno español no solo una oposición absoluta, sino también la negativa a entablar cualquier diálogo o negociación, en paralelo a una persecución judicial de líderes independentistas que han realizado acciones pacíficas a favor del derecho a votar.

El pasado 19 de octubre, el ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, se jactaba de esta negativa en las páginas de este diario, negando no solo la legitimidad sino la consideración del derecho a la autodeterminación dentro de la legalidad y del constitucionalismo democrático.

Sin embargo, cabe recordar precisamente aquí que el propio artículo 89 de la Constitución mexicana no solo reconoce este derecho, sino que también es uno de los principios que han guiado la actuación internacional de México durante 100 años.

En cualquier caso, es necesario entender por qué un sector tan amplio de la sociedad catalana concluye que necesita un Estado propio. La apuesta mayoritaria del catalanismo político ha sido impulsar reformas en España.

El catalanismo ha estado comprometido en todos los intentos de democratización y modernización de España, desde la república hasta el restablecimiento de la democracia tras la dictadura franquista. Esta vía reformista había traído progresos significativos hasta que el gobierno ultraconservador de José María Aznar inició un proceso de recentralización y de involución que no se detuvo en el periodo de gobierno socialdemócrata de José Luis Rodríguez Zapatero, y que se incrementó con la presidencia de Mariano Rajoy.

En este periodo la principal ley de autogobierno, el Estatut, que habían aprobado los catalanes en las urnas en el año 2006 tras ser recortado por el Parlamento español, fue sustancialmente invalidada en el año 2010 por el Tribunal Constitucional a petición del Partido Popular, un tribunal —cabe recordar— politizado y presidido por un ex militante de este mismo partido.

La expresión de malestar de la sociedad catalana por esta invalidación ha obtenido una respuesta absolutamente cerrada del gobierno español. El deterioro visible de la calidad democrática del Estado, la judicialización permanente del problema político catalán, episodios de uso partidista de los mecanismos del Estado —que podríamos calificar de guerra sucia— y finalmente la amenaza y persecución penal de representantes políticos catalanes. Esta respuesta ha hecho evolucionar la voluntad catalana de reformar España hasta el deseo de obtener la independencia.

En cualquier caso, la demanda de independencia no es ni un hecho minoritario ni un capricho coyuntural. Es un movimiento político y cívico, siempre democrático, creciente y que no ha encontrado respuestas.

No es tampoco, en ningún caso, la expresión de un nacionalismo étnico y excluyente. Catalunya es un país de acogida, que ha recibido al largo del siglo XX y el siglo XXI mucha parte de su actual población, primero originaria del resto de España y actualmente sobre todo inmigración extracomunitaria.

Catalunya ha generado un modelo inclusivo y abierto, y una identidad plural y flexible donde la lengua y la cultura tienen un gran valor, pero donde la cohesión social conseguida es vista por todo el mundo como un bien a preservar.

El proceso independentista tampoco es un intento de no comprometerse con la solidaridad con el resto de pueblos hispánicos y con el resto de Europa. Con una economía potente de base industrial, Catalunya es, en los dos ámbitos, contribuyente neta, y no aspira a dejar de serlo, al contrario, la aspiración es modificar la manera ineficiente de gestionarla para que sea más justa y estructuralmente útil para los dos territorios.

En Catalunya creemos que en democracia se pueden defender todas las ideas, y que todos los objetivos se pueden conseguir, a través de las urnas. Nos los creemos. El movimiento independentista es escrupulosamente democrático, pacífico y cívico.

Y a pesar de esto, el gobierno español dice que no podemos defender un objetivo legítimo. Que este objetivo es metafísicamente inviable. Que el objetivo es ilegal, y que será perseguido. Que la unidad de España es sagrada, y por tanto impermeable a lo que quieran los ciudadanos. Que no se puede hacer y que —además— no se puede preguntar a la gente.

Cuando en un territorio hay un movimiento tan amplio y tan ratificado en las urnas como es el movimiento independentista catalán, lo mínimo que se puede pedir a un gobierno es que se le escuche, que dialogue. Esto no ha pasado. El gobierno catalán, recogiendo el mandato democrático de los electores catalanes, quiere conseguir la independencia y quiere que sean sus ciudadanos quienes con su voto decidan si Catalunya debe ser una república. El consenso parlamentario ha establecido que un referendo sea la herramienta. Catalunya ha tomado un camino que va a recorrer.

Ofrecemos al gobierno español la posibilidad de negociarlo todo. La fecha, la pregunta, las garantías democráticas del proceso, las mayorías calificadas que se precisan para validar el resultado, etc. Es muy difícil entender que utilizar la democracia para que los ciudadanos escojan su futuro pueda ser un delito. Y que en cambio, la máxima expresión de la moral democrática sea negar la consulta a los ciudadanos, impedirles decidir sobre su futuro, considerar que su opinión es irrelevante.

Nuestra reclamación es justa y pacífica, y ante la incomprensión del gobierno español, ante la negación y la intransigencia, nosotros tenemos una propuesta democrática: poner las urnas, y respetar su resultado. Lo haremos.

*Consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Catalunya.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.