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Urge fiscalización para evitar dinero “chueco”

Raúl Frías Lucio

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Hace unos días, Mexicanos contra la Corrupción divulgó una investigación en la que determinaron que por cada peso legal que se invierte en campañas políticas hay quince pesos más que no se contabilizan, que se manejan por debajo de la mesa, es dinero en efectivo y se usa especialmente para la movilización el día de la votación, pago de encuestas, contratación de empresas fantasma y en la compra de “cobertura” en algunos medios de comunicación que se prestan a ello. Este es uno de los pendientes y lado flaco en la fiscalización de los recursos que llegan a las campañas.

En Jalisco, cada candidato al gobierno del estado podrá gastar oficialmente hasta 28 millones 588 mil 343.45 pesos, de acuerdo a los topes de campaña, sin embargo en el reporte del Sistema Integral de Fiscalización del INE, hasta el 21 de junio, los siete candidatos al Gobierno de Jalisco han gastado un total de 52 millones 627 mil pesos de dinero legal, obtenido por las prerrogativas y lo que permite la ley de aportaciones de militantes.

El candidato que ha registrado hasta hoy la mayor cantidad de gastos es Miguel Castro del PRI, quien reporta 13 millones 564 mil pesos; mientras que Enrique Alfaro de MC reporta 12 millones 698 mil pesos; Miguel Ángel Martínez reporta 12 millones 630 mil pesos; Martha Rosa Araiza, de Nueva Alianza 6 millones 899 mil; Salvador Cosío del Partido Verde 4 millones 468 mil; Carlos Orozco del PRD un millón 703 mil pesos y Carlos Lomelí de Morena, apenas reporta 733 mil pesos. Sin embargo su presencia en espectaculares, anuncios en camiones, en redes sociales es tan penetrante y frecuente como la del mismo Castro o Alfaro.

Al ser cuestionado en Meganoticias sobre ello, Lomelí me dijo que es responsabilidad de su equipo de campaña hacer esos reportes y si no se han hecho, es por ser créditos no liquidados.

Los anterior es un reflejo de lo dado a conocer por Mexicanos por la Corrupción, la gran debilidad que tiene nuestro sistema electoral en la fiscalización del dinero legal, la falta de rigor en los reportes administrativos al INE y las pocas sanciones ejemplares a quien no lo haga. ¿Si esto pasa con el dinero legal, que pasara con el dinero chueco e ilegal?

Urge una nueva ley electoral que defina claramente los criterios de financiamiento, partiendo de base cero, determinar topes de campaña reales y un sistema de fiscalización donde se cruce información entre el SAT, la Unidad de Investigación Financiera, la Auditoria Superior de la Federación y el INE.

FB: Raúl Frías Lucio
Tw: @raulfriaslucio

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