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Lunes , 22.10.2018 / 23:01 Hoy

Columna de Pilar Ortega

La fiscalía general: la importancia de su autonomía

Pilar Ortega

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Las recientes semanas se vieron marcadas por varios acontecimientos que derivaron que se postergara por varios días, la elección a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y el inicio de los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones correspondientes al último año de la actual legislatura.

El debate se centró en la demanda de la oposición para que se votara en principio en el Senado, una reforma al régimen transitorio del artículo 102 constitucional relativa al llamado "pase automático" del actual titular de la Procuraduría General de la República para convertirse en Fiscal General autónomo. El planteamiento firme de las y los diputados de oposición tuvo como consecuencia que el partido en el gobierno realizara un compromiso para avanzar en esa reforma y con ello destrabar el nombramiento de la nueva mesa directiva.

¿Por qué esta reforma es importante?

Resulta que en 2014 con la reforma político-electoral donde se transforma el sistema electoral, se introdujeron otras figuras de carácter estructural, una de las más importantes fue la de dotar de autonomía al Ministerio Público, la importancia de esta reforma radicaba en que ya no sería el Ministerio Público un órgano que administrativamente estaba en la esfera de los poderes ejecutivos federal o de las entidades federativas. Con la autonomía del Ministerio Público, se podría aspirar a generar condiciones de imparcialidad y dotar mayor fortaleza a esta institución en su tarea de procurar justicia. Al separarlo del mando del presidente o de los gobernadores se aseguraría también su tarea para perseguir el delito, aun cuando las investigaciones recayeran dentro de las esferas de poder.

La idea de contar con una Fiscalía General dotada de autonomía, con fortaleza orgánica y con una nueva estructura para enfrentar los retos que hoy enfrenta el sistema de justicia en México, debe ser una conquista a favor de la sociedad en su búsqueda del derecho de acceso a la justicia, pero en las circunstancias del actual diseño constitucional de dicha figura, es necesario reflexionar con seriedad si el mismo responde a estas demandas. Partiendo de que toda reforma es perfectible, y de que esta surgió en el contexto de una reforma de otra naturaleza, es necesario reconocer que la misma requiere ajustes.

A partir de la reflexión legislativa, pero sobre todo del impulso de la sociedad civil, tenemos claro que el modelo de procuración de justicia debe ser sujeto a una amplia revisión. En principio, si vamos a crear un órgano autónomo que ordinariamente estará sujeto al nombramiento del Senado de la República, ¿por qué permitir que el surgimiento del primer Fiscal, que estará sujeto al escrutinio y evaluación ciudadana, no esté sujeta a evaluación y control parlamentario? En eso radica el llamado pase automático, en que el primer Fiscal, no tendría que pasar por un proceso de evaluación abierto y ser considerado entre otros aspirantes a ocupar esa posición, sino pasar de ser el procurador en funciones y en automático, convertirse en Fiscal General.

El nombramiento del primer Fiscal debe darse a partir de una evaluación de perfiles, de manera pública, con participación amplia de la sociedad civil y con un debate parlamentario franco y transparente. Por eso la figura del pase automático, es decir el paso del procurador a Fiscal sin control parlamentario, debe eliminarse.

Pero no basta con eliminar la figura del pase automático para asegurarnos de que esta figura cuente con el cometido que le dio origen.

Por ejemplo, se ha cuestionado su duración: 9 años es un periodo muy largo para el desarrollo de una función sujeta a grandes problemáticas. Por otro lado, tampoco se previó un sistema de contrapesos internos para la evaluación y vigilancia permanente de la labor de la Fiscalía.

La sociedad civil nos ha hecho llegar propuestas de reformas necesarias en torno al sistema de procuración de justicia entre los que se incluyen principios para el desarrollo de un sistema civil de carrera; el equilibrio de la Fiscalía con las Fiscalías Especializadas; un nuevo mecanismo de nombramiento que quede sólo en manos del Congreso y que cuente con mecanismos de participación ciudadana; elevar el perfil de el Fiscal General y de los Fiscales especializados; mecanismos internos para prevenir y combatir la corrupción, entre otros.

En los días por venir, si hay generosidad en todas las fuerzas políticas (o al menos en la mayoría) podremos avanzar en los consensos para eliminar el llamado pase automático, pero sobre todo para iniciar la discusión de un nuevo modelo de procuración de justicia, que implica en principio, realizar ajustes importantes la figura del Fiscal General establecida en el artículo 102 constitucional. El debate debe ser amplio, y en el mismo, la participación de las entidades federativas resulta un elemento indispensable.

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