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Viernes , 19.10.2018 / 17:59 Hoy

Nada personal

Pérdida de la memoria

Pablo Ruiz Meza

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El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la secretaria adjunta, Emilio Álvarez Icaza y Elizabeth Abi-Mershed, respectivamente, recogieron casos específicos de reclamos de existencia de "presos políticos" y Chalchihuapan.

En los portafolios de los enviados de la CIDH se tienen los expedientes de Rubén Sarabia Sánchez "Simitrio" y de Rubén Sarabia Reyna, ambos de la "UPVA 28 de Octubre".

Los casos de Adán Xicale y Paul Xicale del llamado "movimiento" Cholula Viva y Digna del municipio conurbado; de Javier Montes Bautista, edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan. Solo esos, no más, de la "larga lista" de "presos políticos".

Escucharon el reclamo del abogado oficioso por la violación de derechos de Elia Tamayo Montes, madre del menor que falleció José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo.

En esta ocasión abandonaron la acusación de la "bala de goma" y se refieren a la causa del fallecimiento por la perforación del cráneo por una lata de gas lacrimógeno lanzada por la policía.

La exigencia obsesiva del abogado Alejandro del Castillo es ver en el banquillo de los acusados del Senado de la República al gobernador.

Ignoró si Álvarez Icaza y Abi- Mershed escucharon a las dos versiones, si acudirán a revisar los procesos penales o si sólo tienen oídos para los agraviados.

Puebla tiene una deuda con la verdad histórica en el respeto a los derechos humanos, los crímenes políticos, la persecución y el encarcelamiento de líderes sociales y políticos.

Ana Teresa Aranda, por ejemplo, ligada a los grupos violentos de la ultraderecha, sabe que quedaron impunes en Puebla los crímenes de dirigentes universitarios en la década de los setenta como los de Joel Arriaga, Enrique Cabrera y Alfonso Calderón, por mencionar los más relevantes.

Defensor ahora de los "presos políticos", el diputado Sergio Céspedes Peregrina sabe también la deuda histórica de su partido en la persecución, encarcelamiento y crímenes de líderes sociales en el estado por algunos gobernantes de su partido.

Se le olvida que fue un gobierno priista quien encarceló por años a Rubén Sarabia, y que la detención reciente está relacionada a un proceso federal ligado a la Segob. Ahora defiende a "presos políticos".

A militantes de izquierda en Puebla Libre se les olvidó reclamar a la CIDH la verdad histórica en torno a los crímenes cometidos contra militantes comunistas en el estado.

Peor aún, omitieron reclamar a la CIDH se castigue y esclarezcan los asesinatos del ex rector de la UAP Samuel Malpica, y en la década de los ochenta, del maestro Miguel Antonio Cuéllar Muñoz. Sin mencionar los asesinatos del 1 de Mayo de 1973.

La pérdida de la memoria abona la impunidad y favorece la manipulación por intereses mezquinos.

pablo.ruiz@milenio.com

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