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Lunes , 23.07.2018 / 09:14 Hoy

Nada personal

Gendarmería abandona la plaza

Pablo Ruiz Meza

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Seguro no estarán de fiesta los huachicoleros que operan en la "franja" o en el llamado "triángulo rojo", el robo de combustible a Pemex; pero más tranquilos sí porque los elementos de la Gendarmería abandonaron la plaza.

El viernes 28 de abril retiraron las últimas casas móviles que estaban instaladas frente al Arco de Seguridad de Palmar de Bravo en la Autopista Puebla-Orizaba, pasando al olvido la presencia de 500 elementos federales de la Gendarmería.

Todo parece regresar a la "normalidad" en la región más grande del mercado negro de combustible robado a Petróleos Mexicanos, al grado de que las gasolineras "intervenidas" por el SAT y Pemex siguen despachando gasolina, con "facturas" de otra estación de los mismos propietarios.

Desactivada la presencia del gobierno federal a través de la Gendarmería, la venta "clandestina" de gasolinas robadas se extiende a más municipios del estado, incluida la capital. Tienen "hasta para exportar", como dice la letra de uno de los huachicorridos con influencia de la música norteña.

De acuerdo a cifras oficiales, durante el primer cuatrimestre de 2017, en la entidad, a través del grupo "Puebla Segura", se han decomisado dos millones de litros de combustible robado, lo que representa casi un millón 200 mil litros más que en el mismo periodo del 2016 (790 mil 980 litros), un 151 por ciento más.

Lo incautado a los huachicoleros en la entidad es insignificante contra el volumen global de lo sustraído y el valor en el mercado negro.

Solo en los primeros cuatro años de la administración federal, Pemex perdió 97 mil millones de pesos por fugas y robo de combustible en sus ductos.

Combinados ambos periodos (2009-2016), el Estado mexicano ha acumulado un daño en sus finanzas públicas de 159 mil 957 millones de pesos por el combustible perdido, de acuerdo a las últimas versiones periodísticas.

Si el robo de gasolina es un delito federal, por qué retirar a la Gendarmería de la plaza y dejar el costo económico y social al gobierno estatal. Es pregunta.

pablo.ruiz@milenio.com

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