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Domingo , 27.05.2018 / 05:00 Hoy

Ojalá

¿Sólo incompetentes?

Óscar Glenn

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En 2017, México fue señalado en el primer lugar de percepción la corrupción en toda América Latina y el Caribe según un informe publicado por Transparencia Internacional, donde prácticamente 5 de cada 10 personas entrevistadas reconocían en algún momento haber pagado sobornos o tuvo que hacer algún regalo a funcionarios para acceder a servicios escolares y hospitalarios.

En ese corruptómetro, México estaba por encima de Venezuela, Panamá, República Dominicana y Perú. Nada de qué enorgullecer.

Para 2018, según el Índice Global de Corrupción 2017, otro estudio publicado por la Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 135 de 180 respecto a los temas de la percepción de la corrupción. En 2015 el mismo estudio colocó a México en el lugar 95 con 35 puntos, mientras que en 2016 se posicionó en el lugar 123 con 30 puntos.

De poco sirvió que algún momento se reconociera haber avanzado en prácticas de transparencia, porque eso no ha bastado para que la percepción de la corrupción mejore, a esto se suma que según el Índice Global de Impunidad 2017, presentado por la Universidad de Las Américas de Puebla, México es el cuarto país del mundo con mayor impunidad, y primero de América.

Todo esto indica que violar la ley o desatender las reglas, en la mayoría de casos no repercute en sanciones para los infractores o delincuentes, ya sea porque los juzgadores no se dan abasto para atender el volumen de casos que tienen ante sí o porque quienes denuncian e investigan no desarrollan su labor al máximo.

Así la situación, no son de extrañar ni de descartar, que las acusaciones de corrupción contra el gobierno actual y por contagio a su candidato presidencial, por su presunta implicación en casos de desvíos de recursos públicos, sea tema persistente de precampaña e intercampaña; ni que una especie de respuesta sea que el candidato de la coalición PAN-PRD-MC, resulte implicado en una presunción de negocios sospechosos, hasta un posible caso de lavado de dinero. Con nuestros antecedentes, todo parece posible.

Ahora que los aspirantes presidenciales sin partido debieron sustentar el número de firmas de apoyo ciudadano que conforme a la Ley tendrían que respaldar su aspiración, de 6 sólo 3 juntaron, más del mínimo, previa denuncia de fraude de uno de ellos.

Lo peor viene cuando de los tres finalistas sólo una, recibió la validación del INE de la cantidad suficiente de apoyo requerido y a los tres les anularon cientos de miles de firmas que indicarían que trataron de hacer una trampa monumental que no merecerían candidatura, sino sanción severa pareja.

Se puede pensar que el INE pecó de incompetencia monumental para conducir esto implementando mala tecnología, y sin dolo generó un enredo fatal que desacredita todo el proceso, o al algún interés sirvió.

También es posible pensar que los aspirantes son tramposos sin límite o en el mejor de los casos son incompetentes ellos y sus promotores que no pudieron cumplir con el procedimiento de recolección de apoyo.

Ahora la FEPADE tiene que investigar de manera exprés y tratar de clarificar algo de todo lo confuso.

Ojalá no sea todavía peor y acaben por hacer como que nada pasó.

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