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Ojalá

Sin evasivas ambientales

Óscar Glenn

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El Estado de México, según presume el Gobernador Alfredo del Mazo, con la reciente reforma al artículo 126 de la Constitución del Estado, hoy asegura la posibilidad de cumplir con los compromisos de la agenda 2030 en materia de protección ambiental, empezando por el manejo adecuado de la basura y el tratamiento de aguas residuales.


Y es que esta reforma, aseguran, abre la puerta para poder conformar regiones ambientales para la protección ecológica, al autorizar al Poder Ejecutivo del Estado a establecer, junto con los municipios, centros integrales para el manejo regional de residuos sólidos, con base en lo cual es posible captar inversiones e implementar tecnologías con las cuales superar el reto de procesar más de 24,687 toneladas diarias de desperdicios, no sólo enterrarlos en rellenos, o procesarlos al aire libre, como se suele hacer actualmente.


Ya es hora que nadie evada su responsabilidad con nuestro medio ambiente, pues con todo el conocimiento, la base legal y las tecnologías hoy disponibles, es inaceptable ser indiferentes; es deber de los funcionarios de todos los niveles de gobierno tomar decisiones teniendo claro que por el bien presente y futuro, el crecimiento de nuestra entidad y de los municipios no tiene que comprometer los recursos ni la estabilidad del entorno natural, ni por incapacidad y menos por negligencia, ni por diferencias partidistas.


La capacidad y los sistemas hoy empleados para el procesamiento de residuos sólidos en la entidad, especialmente en los municipios, son un servicio público rebasado que implica riesgos a la salud y al deterioro del medio ambiente. 

Según las autoridades ambientales estatales, actualmente hay 19 rellenos sanitarios; 13 sitios controlados; 52 sitios no controlados y 2 sitios foráneos que reciben residuos sólidos urbanos de la Ciudad de México y Querétaro.


Más de 70% de la infraestructura para destino final de residuos sólidos se dispone en tiraderos a cielo abierto o en sitios controlados que no cumplen plenamente con las normas establecidas en la materia, según refiere el propio gobierno estatal, a lo cual se suma el retraso inexplicable en la adopción de nuevas tecnologías para enfrentar este problema que ha crecido sin control por décadas.


Así se ve el problema y ahora que el Ejecutivo del Estado podrá convenir con los ayuntamientos, la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, establecer Regiones Ambientales y Centros Integrales de Residuos en cada región y coordinarse en esta materia a través de los convenios respectivos, esperamos que en enero de 2019, cuando asuman funciones los nuevos ayuntamientos, muchos de ellos no priistas, no se entrampe la colaboración en esta materia ni en ninguna, por cuestiones partidistas. Es vital y ojalá que lo entiendan todas las partes.

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