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Nueva Constitución de CdMx/Derecho a defender los derechos

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Una constitución moderna se construye a través de conceptos abiertos que permiten la posibilidad de adecuar un texto fundamental al dinamismo social; de lo contrario, quedaría desfasada muy pronto, sería anacrónica.

Los textos fundamentales de vanguardia —como la Constitución capitalina— permiten una interpretación a partir de una cantidad de contenidos que, mientras no alteren los fines y los valores del texto expreso, pueden irse adecuando a la luz de las necesidades políticas y sociales. Así, se genera una refundación o renovación de los contenidos.

En esta segunda entrega, quiero comentar un tema: el derecho a defender los derechos.

Hemos insistido en que —además del conocimiento que de los derechos debe tener la población— el Estado tiene una tarea importante en su promoción a través de la educación, difusión (en los medios de comunicación) y capacitación, para que éstos sean conocidos y, en su caso, defendidos.

La carta magna de Ciudad de México en el capítulo II “De los derechos humanos”, artículo 6 “Ciudad de Libertades y Derechos”, en el apartado G “Derecho a defender los derechos humanos”, señala que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de forma eventual o permanente. En el apartado H “Acceso a la justicia”, del mismo artículo, se señala que todos tenemos derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional.

Era imperativo que en la ingeniería y diseño de la nueva Constitución Política de Ciudad de México existieran órganos dotados de las competencias necesarias para hacer efectivos y justiciables el conjunto de derechos que el bloque de constitucionalidad establece.

Existirán juzgados de tutela de derechos humanos en donde las y los jueces de tutela conocerán de la acción de protección efectiva de derechos, pues se podrán interponer acciones para reclamar la violación a los derechos previstos en el bloque de constitucionalidad sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita, supliéndose siempre la deficiencia de la queja. Por medio de esta política judicial garantista se pueden establecer estos juzgados en las alcaldías, en los barrios, en las colonias.

Para ello, la ley determinará los sujetos legitimados y establecerá los supuestos de procedencia de la acción; las resoluciones deberán emitirse en un plazo no mayor a diez días naturales y serán de inmediato cumplimiento para las autoridades de Ciudad de México. Asimismo la ley establecerá medidas cautelares y de apremio, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos, en caso de incumplimiento.

Como puede verse, estos juzgados de tutela de derechos humanos tendrán la función de hacer justiciables los derechos. Hay experiencias internacionales, como en Colombia, en donde este tipo de juzgados han tenido un gran impacto para la población, al permitirles ejercer y defender sus derechos.

De igual forma, es de destacar lo innovador que resulta para nuestra ciudad que, con esta Constitución, el Tribunal Superior de Justicia cuente, en un futuro, con un órgano que se encargará de interpretar, defender y verificar el cumplimiento de lo establecido en la Constitución local.

Para ello, se creó en la Carta Magna de nuestra ciudad la Sala Constitucional.

La creación de un tribunal constitucional autónomo (como era propuesto en el proyecto original) suponía crear una distorsión con el resto de las entidades federativas en las que se ha optado por establecer una Sala Constitucional dependiente del Tribunal Superior de Justicia de cada estado, lo cual hubiera disminuido un federalismo uniforme e integral.

Por tanto, se estimó que con una Sala Constitucional adscrita al Tribunal Superior de Justicia se evitarán tensiones provocadas por la resolución de asuntos que se encuentran en los límites de la legalidad y la constitucionalidad, generando sentencias contradictorias.

Entre las competencias que tendrá la sala se encuentran: la revisión de los juicios de la acción efectiva de tutela de los derechos cuando no sea favorable a la persona; declarar la procedencia, periodicidad y validez del referendo; resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, y solventar las omisiones del Ejecutivo y el Legislativo.

La Sala Constitucional también conocerá del innovador juicio de restitución obligatoria de derechos humanos que podrá interponer la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México —en términos de la ley— por recomendaciones aceptadas y no cumplidas, a fin de que se emitan medidas para su ejecución. La resolución deberá emitirse en un plazo máximo de diez días naturales.

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