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Casos y causas

Justicia transicional: política de drogas. Primero la salud, fin a la violencia

Olga Sánchez Cordero

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La guerra mundial contra las drogas ha fracasado. No comparto las soluciones simplistas o totalitarias, como la de “un mundo libre de drogas”. Tenemos que estar dispuestos a discutir —abiertamente— la necesidad de realizar acciones institucionales multilaterales a escala internacional.

El nacimiento de nuevos cárteles de droga mexicanos y la magnitud de su expansión a escala nacional ha dejado una estela de sangre y dolor en nuestro país; las cifras de muertos y desaparecidos —que son espeluznantes— de manera directa o colateral, obedecen (desde hace más de 20 años) al fracaso de la política anticrimen.

El debate entre justicia, salud y comercio de drogas nunca ha sido encabezado por el Estado mexicano; solo se ha criminalizado y combatido con el endurecimiento de sanciones, trayendo luto a miles de familias, tanto de las fuerzas federales, como de los que han equivocado el camino al delinquir.

No se aporta nada a la paz legislando sobre la base de más punición penal y con la confrontación permanente; la violencia no se combate con violencia, como atinadamente lo señala López Obrador. La estrategia contra los cárteles debe tener un enfoque de medidas de prevención, de lavado de dinero y, sobre todo, inteligencia contra el uso de recursos de procedencia ilícita.

Criminalizar —de cualquier forma— el consumo no ha sido un factor que disminuya el uso de estupefacientes, y menos aún, todas las conductas del espectro del delito contra la salud y otros satélites con los que se cohabita.

La obtención ilegal de drogas crea un riesgo personal para los usuarios y solo beneficia a las redes criminales, pues se fomenta su riqueza económica y beligerante. Según la UNODC, el mercado mayorista de drogas mundial supera al de cereales, vino, cerveza, café y tabaco juntos.

México ha participado desde hace más de 40 años en las políticas internacionales de lucha contra las drogas; ha sido parte de convenciones, conferencias, tratados, acuerdos y protocolos frente a este reto mundial. La tendencia ha cambiado: ahora somos jugadores mundiales.

La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) propone un nuevo orden de reformas en las políticas de drogas.

Es conocido que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo; ya 23 entidades —de 50 que lo conforman— tienen mercados lícitos de cannabis para uso lúdico y medicinal. Uruguay, Suiza y Nueva Zelanda, con éxito, han dado el primer paso en optar por la legalización a través de un contexto regulatorio responsable, basado en evidencia de corte médico, sociológico, económico y político.

El desarrollo de los derechos humanos tiene que ver con la seguridad de la población. Dar certeza pacificadora, es una obligación de cualquier Estado democrático; de ahí que la apertura a la discusión requiera de un ente que lidere a todos los integrantes de la comunidad nacional e internacional, para así reorientar y reevaluar todo el contexto jurídico nacional, desde la Constitución hasta las leyes secundarias en las materias de salud, agraria, fiscal, penal, civil, mercantil, aduanera y, en fin, todas aquellas que hoy son un dique para un camino exploratorio de todas las opciones que eventualmente se pongan a consideración de la colectividad.

La resistencia al cambio de paradigma no es un enemigo fácil de vencer; con propuestas bien fundamentadas —adosadas de las experiencias internacionales y el acompañamiento de agencias mundiales que tienen ya décadas en este tema— se pueden hacer más flexibles las posturas conservadoras.

El derecho a la salud debe estar garantizado por el Estado mexicano, y eso incluye a todas las sustancias que se han utilizado de manera tradicional —e industrialmente— de manera “controlada”. El acceso a medicamentos contra el dolor, los analgésicos opioides y los derivados de la cannabis tienen un enorme soporte científico para su suministro a escala mundial; sin embargo, las barreras para su acceso nacional requieren su importación desde el extranjero, esto en virtud de la regulación internacional que sigue privilegiando la lucha contra el crimen frente al sufrimiento de millones de personas que requieren medicamentos.

¿Por qué no hacer estos fármacos en nuestro país, trayendo beneficio médico a la población, e impositivo, para el Estado México?

Hay que reestablecer un nuevo contexto —más asertivo— sobre la necesidad del cambio legal, sobre todo, por el dinamismo con el que hoy crece el comercio ilegal con sus enormes consecuencias.

La gran preocupación que comparto tiene que ver con el enorme poder del crimen organizado frente a una propuesta de despenalización. México es un productor ancestral de sustancias psicoactivas; la vida de miles de jóvenes depende del cambio de fondo, estamos ante un problema de salud pública y de riesgo por la violencia y la inseguridad.

El Estado mexicano debe enfocar su energía en desmilitarizar la lucha contra el narcotráfico; debe reaccionar frente a la violencia con inteligencia y logística, donde se impacte a objetivos neurálgicos y vitales de la criminalidad organizada —con precisión y contundencia— pero, dentro de lo posible, con los menores enfrentamientos armados.

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