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Miércoles , 20.06.2018 / 19:01 Hoy

Fuera de Registro

En defensa de Conapred

Nicolás Alvarado

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A la memoria de
Gilberto Rincón Gallardo

A Ricardo Raphael

Maestros tiene uno muchos en la vida, y no sólo en la escuela. Algunos enseñan materias específicas; otros marcan nuestros principios, nuestro talante moral, nuestro ser mismo. Tal fue para mí el caso de Gilberto Rincón Gallardo y de Ricardo Raphael, con quienes colaborara cuando uno fuera presidente y el otro secretario general del partido político Democracia Social, al que me invitaran a sumarme casi desde su fundación y del que fuera yo no sólo entusiasta militante sino subsecretario de Imagen Institucional, para articular junto a mi jefe ahí, José Buendía, y a otros compañeros todavía muy queridos, la campaña presidencial de Rincón Gallardo en el proceso electoral de 2000.

Huelga decir que no buscábamos hacernos con el poder. Contagiados por el entusiasmo de Gilberto, de Ricardo, de otros, lo que los entonces jóvenes que fundáramos Democracia Social pretendíamos era, por una parte, dotar el espectro político mexicano de un partido de izquierda de corte socialdemócrata —ajeno a vicios clientelares pero también al discurso de la indignación, consciente de la importancia del libre mercado y de la realidad de la globalización pero también deseoso de encontrar la manera de que éstos coexistieran con una política social heredera de una concepción de Estado de derecho garante de bienestar— y, por otra, poner en el debate nacional temas que nos parecía urgente atender: el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, la garantía de los derechos de las parejas del mismo sexo a partir del reconocimiento legal de su vínculo, el derecho de las minorías culturales —es decir sexuales, étnicas, religiosas, de género— a no ser discriminadas y a vivir en un marco de equidad ante la ley. Diré que, aunque el contexto —una elección polarizada al punto de lo plebiscitario, aquella en que Vicente Fox logró “sacar al PRI de Los Pinos” aun pese a sus claras limitaciones políticas– no nos beneficiara (no pudimos refrendar nuestro registro como partido político nacional), triunfamos. Triunfamos porque, tras un desempeño notable de Gilberto en el debate presidencial —y de nuestra candidata al gobierno de la Ciudad de México, Tere Vale, en el encuentro correspondiente—, logramos posicionar en efecto tales temas en la agenda de la elección, lo que resultara no sólo en el ingreso de tres diputados nuestros a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal –donde promovieron las iniciativas de despenalización del aborto y de creación de las Sociedades de Convivencia– sino en la fundación de un organismo llamado Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación que, tras un año de trabajos, derivara en la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, con ella, en la creación del actual Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Como muchos militantes de Democracia Social, trabajé arduamente en esa Comisión en la que, junto a Claudia Hinojosa, me ocupé de las tareas de comunicación y difusión. Así, mi cariño y mi orgullo por Conapred es el de un padre –aun si uno de cien– que vio cristalizadas en él muchas de sus aspiraciones ciudadanas. Lo que es más, durante años me mantuve cerca del Consejo contribuyendo a sus publicaciones, participando de sus actos, ofreciéndole avenidas mediáticas para la divulgación de sus tareas. Muchos años después –es decir hace cinco meses– una serie de quejas contra mi persona presentadas ante él me afectaron profundamente. Otra vez, el efecto que hayan tenido sobre mi vida personal y profesional son lo de menos; lo importante –no sólo para mí sino para todos los mexicanos– es la forma en que ese proceso en mi contra acusa vicios y omisiones tanto en la legislación como en la práctica de Conapred que resultan potencialmente perniciosos para su desempeño como garante de la no discriminación, con independencia de la persona que presida hoy o en un futuro la institución y de la agenda personal que pueda o no tener. Me parece entonces importante abordar el Caso Nicolás Alvarado pero hacerlo en tanto defensa de Conapred, ya sólo para que pueda servir a actualizar la ley que constituye su marco jurídico y a optimizar su operación en aras de que, en el futuro, los ciudadanos no sean objeto de un linchamiento mediático advertida o inadvertidamente avalado por una institución que debería ser de las más nobles de nuestro país.

Así, dedicaré las próximas entregas de esta columna a desmenuzar el caso y a señalar las lagunas legales que obraron en él no sólo en contra mía sino, más importante, en contra de Conapred y de sus potenciales beneficiarios. Lo haré con la gentileza, pero también con la firmeza, que merecen el asunto y la institución.

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