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Martes , 16.10.2018 / 20:52 Hoy

Vuelta prohibida

Elías Azar y los jueces podridos

Néstor Ojeda

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Los jueces mexicanos no usan la ley para aplicar justicia y esa es una de las causas de la situación de crimen, violencia e impunidad que sufren los sectores más desprotegidos de la sociedad y amplias zonas del país.

Un ejemplo de ello es cómo hace dos semanas el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, justificó (de una manera que es para escandalizar a la sociedad y ofender a casi cualquier inteligencia) al juez que dictó a los policías torturadores de Tepito sentencias que les permitieron salir libres después de cumplir un castigo de apenas poco más de un año de prisión, entre los cuales se encuentra Abraham Torres Tranquilino, uno de los presuntos homicidas del caso Narvarte, donde fueron victimados los activistas Nadia Vera y Rubén Espinosa, fotógrafo y corresponsal free lance para diversas publicaciones, entre ellas la revista Cuartoscuro.

"Se dictó sentencia, se le aplicó una penalidad menor de cinco años y pues tiene derecho a esa libertad, y ya. Pues digo, está en la Constitución, está en la ley, y la ley se tiene que aplicar, o sea el juez que lo libera le dio el beneficio y qué va a saber él que se va a meter en otro lío mayúsculo, ¿no?", aseguró Elías Azar al ser cuestionado por los periodistas.

En la respuesta del presidente del TSJDF se puede ver con claridad la responsabilidad del intocado Poder Judicial en el estado de cosas que vive México.

Esta fue la sentencia que el 18 de octubre de 2012 el juez 26 en materia penal del Reclusorio Oriente dictó contra los ex policías preventivos Iván Vázquez Morales, Tomás Hernández Hernández, José Gerardo Velázquez Benítez, en la cual fueron sentenciados a cuatro años y un mes de prisión y una multa de 14 mil 177 pesos, por el delito de tortura por omisión y a Ronny Martín Frías González y Abraham Torres Tranquilino a cuatro años y ocho meses de prisión y una multa de 15 mil 313 pesos por el delito de tortura por acción.

Once días después, el 29 de octubre de 2012, el ex policía fue puesto en libertad. Dos años y nueve meses después, el 31 de julio de 2015, Abraham Torres Tranquilino participó en el multihomicidio de la colonia Narvarte.

Es evidente que el juez que determinó esta sentencia sabía que al ordenar una pena menor a los cinco años de cárcel esos criminales podían obtener en poco tiempo su libertad. Ahí está la causa de la podredumbre y corrupción del Poder Judicial.

¿Cómo podemos sentirnos seguros cuando los jueces abren la puerta a policías culpables de un delito aberrante como la tortura? Y que el presidente de un tribunal como Elías Azar justifique un hecho de tal gravedad es una muestra de la decadencia criminal del Poder Judicial mexicano.


nestor.ojeda@milenio.com

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