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Columna de Mónica Almeida López

Gobierno Tecnológico y Gestión Pública, la clave para prevenir y eliminar la corrupción

Mónica Almeida López

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La seriedad con al cual queremos prevenir y combatir la corrupción depende ante todo del nivel de compromiso ético que adoptemos, y como éstos se ven reflejados sobre todo en un área, la fiscalización y rendición de cuentas de los recursos. Al final, de cuentas, la corrupción se da en donde hay demanda, y ésta se genera atendiendo a los grados de discrecionalidad sobre los que deba operar.

Considero que más allá de buscar una visión totalizadora del Sistema Nacional Anticorrupción, debemos concentrarnos en aquellas medidas que de manera eficaz y eficiente van a solucionar esta problemática, y para tal debemos primero ubicar aquellos ámbitos de discrecionalidad que nos están causando más daños. En este caso podemos fácilmente detectar dos: trámites burocráticos y colocación de recursos humanos.

La solución en todo caso apunta a que debemos apostarle a fortalecer la apertura de plataformas tecnológicos que logren de manera imparcial coadyuvar con la tarea de fiscalización en ésta área, agilizando trámites burocráticos como la norma, y lograr un sistema salarial integral en el servicio público en donde sea imposible acceder vía moches.

Si no queremos que haya moches ni mordidas, que sea la tecnología quien actúe como barrera frente al servidor público y al particular apara que esto ocurre; si ya no queremos compadrazgos y servidores de mala calidad, garanticemos una gestión pública que garantice que los mejores están en los puestos que se merecen.

Gobierno tecnológico y meritocracia son la clave para la solución; algo que ni siquiera es novedoso y que ha sido un compromiso asumido por México con la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas desde finales del siglo pasado y comienzos del actual. Países como Dinamarca ha implementado precisamente este tipo de técnicas.

Tan sólo basta ver a otros continentes en donde existen agencias de inteligencia financiera; y en donde no se pueden realizar ciertas operaciones de compraventas sobre ciertas cantidades en efectivo para controlar cualquier gestión de enriquecimiento ilícito, obligando que las partes realicen transacciones vía crédito o en línea para tener un mayor control.

Al final, será el compromiso real de los partidos hacia una mayor apertura tecnológica, y transparencia, así como cerrar las brechas de discrecionalidad; apostando a evaluaciones por oposición del servicio público lo que determinará los resultados del nuevo sistema; y a lo cual le ha apostado nuestra fracción parlamentaria. Lo demás se queda para el discurso.

@MonicaAlmeidaLo

Coordinadora de la Fracción del PRD en el Congreso

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