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Miércoles , 17.10.2018 / 18:35 Hoy

Columna de Miguel Zárate Hernández

Transparencia femenina en la obra pública

Miguel Zárate Hernández

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A propósito del día Internacional de la mujer y sus acciones: Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, acaba de poner puntos y comas en torno a un tema que, de ser abordado en la misma forma por todas las instancias de gobierno, federales, estatales y municipales, bien podría significar uno de los avances más importantes hacia la verdadera transparencia y justicia en la asignación de obra pública, uno de los aspectos más controversiales por constituir el origen de muchos desvíos, corruptelas y mala aplicación de los recursos públicos.

Más o menos la propuesta de la gobernadora, denominada "protocolo de integridad" o "pacto de integridad", versa sobre las condiciones en la que los fondos destinados a la obra pública deben ser invertidos. Por principio de cuentas, habla de obligaciones legales y éticas entre las empresas ganadoras de licitaciones y las autoridades estatales, la señalización en las obras, el observador ciudadano, un testigo social virtual y hasta la transmisión pública de los procesos de licitación y fallo. A propósito de la puesta en marcha de un programa de rescate carretero, Pavlovich habla de impedir que se den compromisos emanados de solicitar o entregar contraprestaciones en las asignaciones, así como la "señalización" que consiste en informar cuál es la empresa constructora, datos de la misma e información general que incluya fecha de iniciación, conclusión y garantías. Sin embargo, quizá lo más interesante radica en el observador ciudadano, una figura que por cierto se ha intentado mucho en Jalisco, -claro en otros temas- y que se traduce en una participación real que dé testimonio fehaciente de las obras y licitaciones.

A lo anterior se agregan otras cuestionen que involucran incluso nuevas tecnologías, como el "testigo social virtual" ya que cualquier ciudadano podría desde sus dispositivos electrónicos supervisar el avance de las obras, además de recibir la información requerida a través de internet y otros mecanismos complementarios.

Podrá pensarse que la gobernadora sonorense está actuando ante el desastre financiero y de manejo de recursos realizado por su antecesor, el panista Guillermo Padrés Elías, que efectivamente no se la acaba entre cuestionamientos de su gestión y los juicios que enfrentan ya varios de sus colaboradores en Estados Unidos y México por presunto lavado de dinero. Así, la golpeada economía de uno de los mayores estados del país, no debería abrir ni un resquicio a nuevos descalabros, razón por la cual una recuperación obliga a una diáfana aplicación del gasto público. Y bien sea que la gobernadora Pavlovich lo intente de esa manera.

En nuestro caso, es decir en la vida real, hay muchos engaños en cuanto a las propias licitaciones. Por ejemplo, los llamados "concursos por invitación", amañado sistema en el que no existe una licitación abierta a cualquiera sino al "derecho" de las autoridades a seleccionar a "cuando menos tres" empresas que son las participantes y de las cuales se escogerá supuestamente la mejor propuesta. El argumento más "sólido" de los gobiernos (aquí esto aplica para todos los niveles), es que así se logra mayor prontitud y economía administrativa en las asignaciones pero lo cierto es que deja lugar a muchas dudas el que esa preselección de las empresas participantes sea realizada de manera discrecional por las autoridades. Lo único que parece claro es la discriminación "legalizada" por un mecanismo a todas luces contradictorio y que al amparo de una pretendida "simplificación" lo único que hace es dar más poderes a los funcionarios para asignar obra a su antojo. Es decir, mientras más cancha se le dé al gobierno para actuar en este renglón, más anomalías, contubernios y desviaciones se harán con el gasto público. Así de sencillo.

Tal vez a la gobernadora Pavlovich se le pueda tildar de ingenua o hasta de demagoga ya que está visto que la aplicación de una estrategia perfecta para vacunar contra anomalías de diverso tipo a licitaciones y asignaciones, no será nada fácil ni seguro. Sin embargo, entre todo lo que menciona existe un principio que resulta muy interesante: la ciudadanización. Aquí se han dado muchas acciones de grupos y movimientos tendientes a hacer respetar la ley y reglamentos para impedir la discrecionalidad y acabar con el poder desmedido de quienes se encargan de asignar contratos. Y se ha hecho desde hace tiempo.

Por otro lado, ante las autoridades naranjas que predominan en la zona metropolitana, y que pretenden, según dicen, cambiar verdaderamente las cosas, se están realizando propuestas precisamente en el sentido de alcanzar la auténtica transparencia. Hasta ahora esos gobiernos municipales nos han presumido sus intenciones de ser "diferentes" pero falta ver si en realidad van a enfrentar esta clase de cuestiones. Y por su parte el gobierno estatal ¿que hace al respecto? ¿está realizando esfuerzos para que las licitaciones y concursos sean justos e incluyentes? Ojalá que dentro de la competencia política entre colores y gobiernos que se avecina, Los gobiernos y equipos se lanzarán el reto para ver quién es más creativo y eficiente en transparentar asignaciones, dejar compromisos y lograr recuperar la confianza perdida.

Lo que se trata no es solamente que se otorguen los contratos a aquellos que más lo merecen y no a los que están más en el ánimo de los poderosos. La más importante razón es que el rumbo que se dé a los recursos para obra pública rindan mejor provecho y se traduzcan en beneficios reales para la población y no para aquellos que pueden entrelazar sus intereses con funcionarios y poderosos. Hoy, una mujer sonorense parece estar dando la muestra.

miguel.zarateh@hotmail.com
Twitter: MiguelZarate_12

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