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Sábado , 20.10.2018 / 10:50 Hoy

Columna de Miguel Zárate Hernández

Del dinero público y la ambición de los partidos

Miguel Zárate Hernández

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Claro que debe ser “muy difícil” decidir sobre cómo gastarse el dinero de los ciudadanos y cuánto se le debe seguir extrayendo a las arcas públicas para la operación de los partidos políticos. A quién le puede extrañar que los dirigentes de tales organismos no se pongan bien de acuerdo para una “rebajita” en sus percepciones llamadas, creo que atinadamente “prerrogativas”. Esto es, según Larousse, “privilegio o ventaja ligado a ciertas funciones, cargos, títulos, etcétera…”.

La asignación de fondos a los partidos ha sido siempre controversial y se creyó con ello ofrecer más oportunidades para que las contiendas resultaran más equitativas. Sin embargo, cualquiera sabe que esto las ha convertido en una fuente más de ambición, que en casos han convertido a los organismos en simples empresas particulares o familiares y en estructuras burocráticas en las que, sin control alguno, se despachan con sus propios presupuestos a discreción. Y no se trata de cosa menor.

Digamos que a nivel nacional las cifras entregadas a los partidos se han ido multiplicando hasta alcanzar este año más de 4 mil millones de pesos. Basta con recordar que solamente al PRI le toca la cuarta parte de ese pastel -unos mil millones- y al PAN, 782 millones. Morena que hace dos años “apenas” recibía 105 millones, esta anualidad alcanza los 392 millones, casi cuatro veces más. Y de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, que subsistió y hasta fortaleció gracias indudablemente al “efecto Alfaro” en Jalisco, se “conforma” con 322 millones sólo para el equipo de Dante Delgado.

De ahí que, con tanta danza de dinero público, no es así como muy fácil que los legisladores se autoimpongan sacrificar sus ingresos. Lo que pasa es que el tema se toma naturalmente como oportunidad mediática. No deja de ser sorpresa que el gobierno priísta lance la iniciativa de prácticamente anular los fondos a partidos. Claro, por ahorita es gobierno y dispone de una estructura capaz de soportarlo y, de paso, fortalecer una imagen pública que haga ver no tan bien a los demás que, efectivamente, “simulan” coincidir en la necesidad de bajar ese gasto ya que están convencidos de que pocas cosas molestan tanto a los ciudadanos como ese destino infame de sus impuestos.

La “bolsa” de casi 270 millones de pesos que tienen los partidos en la entidad, además de lo que les participan sus organismos centrales, significa para el Movimiento Ciudadano 76 millones (casi el doble de lo que tenía hace apenas dos años), 72 millones para el PRI y alrededor de 50 millones para el “alicaído” PAN. Así que el “debate” realizado para entronizar una reforma sobre la materia, debió centrarse en cómo lograr el equilibrio entre jugar con la opinión pública sin verse demasiado afectado en esos ingresos, especialmente ya con las contiendas electorales a vuelta de año.

La división de tales ingresos en “año electoral y no electoral” en apariencia parece justa. Es obvio que, sobre el principio de la búsqueda de equidad, el gasto más significativo de los partidos es durante los procesos. Ahora que si tal criterio se aplicara a otros organismos públicos sería mucho mejor. Al margen de lo que reciben los partidos, también hay que tener presente que existe el gasto propio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que este año tiene, solamente para sus integrantes y empleados, unos 128 millones de pesos o, más significativo todavía, el Tribunal Electoral del Estado (¿a qué se dedicará fuera de las pugnas postelectorales?) que sin mayores trámites y haga o no haga nada recibe sus 47 millones.

Está bien que el análisis y las propuestas vayan de la mano de ajustes indispensables a otros rubros como el exceso de regidores y diputados plurinominales o de partido como solían llamarse con mayor tino. Se trata, pues, de toda una estructura viciada a la que hay que enfrentar y que se ha ido extendiendo cada vez más al amparo precisamente de las decisiones partidarias y de sus intereses. Por ello las propuestas reales no avanzan o simplemente se bloquean, como es el caso de la de Pedro Kumamoto y todos los jóvenes -otros no tanto- de Wikipolítica con “sin voto no hay dinero”.

Y pensar que hubo un tiempo en el que el pensamiento y los principios de algunos partidos hasta rechazaban lo que consideraban dádivas del gobierno para controlarlos. En Jalisco, cuna de grandes ideólogos políticos como los panistas Efraín González Luna o Ramón Garcilita, siempre se mostraron vigorosamente en contra de las llamadas hoy “prerrogativas” o de otros recursos provenientes del Estado y buscaban -como sucede en todo el mundo- fondos propios, de sus militantes o simpatizantes, y hasta con rifas y sorteos, pero nunca del dinero público.

Sin embargo, si en las próximas horas o días se tiene la voluntad suficiente y cada quien deja de buscar solamente llevar agua a su molino, podría lograrse un auténtico consenso y una reforma que, sin duda, sería ejemplo para el país. Está en manos de los diputados locales y liderazgos políticos alcanzar un acuerdo que sea realista, pero que muestre la mejor cara de nuestros políticos, con la conciencia de que los fondos del pueblo son principalmente para cubrir sus ingentes necesidades, no las de los partidos.

miguel.zarateh@hotmail.com

Twitter: MiguelZarate_12

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