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Viernes , 20.07.2018 / 12:34 Hoy

La causa y lo causado

¿Inteligencia o espionaje?

Miguel Barbosa

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Cuando el gobierno se entromete en la privacidad de las personas comete uno de los actos más lesivos para sus derechos. Pero si esta intervención se realiza para fines ajenos a los señalados en la ley y rompiendo las garantías impuestas desde el control judicial o evadiéndolo, el gobierno invade los terrenos del ejercicio abusivo del poder y del autoritarismo. Por esta razón, en la pasada sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentamos una iniciativa para fortalecer la prohibición del espionaje político y los controles sobre las labores de inteligencia del gobierno mexicano.

El nuevo escándalo político que enfrenta el gobierno, como resultado de las revelaciones periodísticas del pasado 19 de junio, revela la necesidad de establecer expresamente en nuestras leyes la prohibición de realizar intervenciones de comunicaciones que no correspondan a una investigación penal, policial o de seguridad nacional y, por supuesto, la estricta prohibición de intervenir dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas con fines políticos.

El espionaje político debe ser sancionado con mayor eficacia cuando expresamente se determine que existen motivaciones políticas, cuando el seguimiento o la intervención tengan por objeto obtener información sobre las actividades de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que en ejercicio de sus derechos realicen cualquier crítica al gobierno.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen) tendría que establecer protocolos para realizar el seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas conforme a lo establecido en la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Dichos protocolos tendrían por lo menos los siguientes elementos: precisar el objetivo legítimo del seguimiento o la intervención de acuerdo a la ley y la persona o personas que serán sujetas a la medida; la identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible; el tipo de comunicación a ser intervenida; los datos que permitan la identificación de los servidores públicos que constituyan la cadena de mando a cuyo cargo se encuentre la implementación y supervisión del seguimiento o intervención; su duración, que en ningún caso podrá ser mayor a 180 días, salvo prórroga concedida judicialmente conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

También tendría que precisarse la técnica de intervención, el proceso que se llevará a cabo, la empresa que provea la infraestructura tecnológica para realizar el seguimiento o intervención y las líneas, números o aparatos que serán intervenidos.

En la Ley de Seguridad Nacional expresamente debe establecerse que el director del Cisen se abstendrá, de manera absoluta, de solicitar la intervención o seguimiento de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas con fines o motivaciones políticas. En caso de contravenir esta prohibición, el o los servidores públicos respectivos serán responsables penal, administrativa y civilmente conforme a la legislación aplicable.

Se propone que la labor de intervención autorizada judicialmente y con las salvaguardas expresadas en estas propuestas sea sometida además a la instancia de control parlamentario especializada, como lo es la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Un sistema de procuración de justicia democrático y garantista requiere utilizar técnicas de investigación que aseguren la eficacia de los derechos de la víctima y el imputado, la protección del inocente y el castigo al verdadero responsable del delito.

* Presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
Twitter: @MBarbosaMX

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