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Miércoles , 12.12.2018 / 18:31 Hoy

En pocas palabras…

La disputa por Monterrey se traslada a las calles

Miguel Ángel Vargas

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La disputa por la alcaldía de Monterrey sigue en los tribunales, donde en un máximo de 10 días, o tal vez antes, deberá resolverse de manera definitiva en cualquier sentido. Sin embargo, también se trasladó a las calles donde miles de regiomontanos salieron ayer a defender sus posiciones.

Por obligación legal, pues es su trabajo, los magistrados deberían acelerar su veredicto porque existe el riesgo de calentar el ambiente político en la ciudad y a nadie beneficia la polarización de la sociedad.

El priista Adrián de la Garza tiene plena confianza en que ratifiquen la sentencia que revirtió el dictamen de comisión municipal electoral, que con un margen apretado había declarado ganador de la contienda al panista Felipe de Jesús Cantú.

Por su parte, el ex alcalde regiomontano sostiene que hay elementos suficientes para que las cosas vuelvan a su estado original y le regresen la constancia de mayoría que, según él y sus simpatizantes, les fue arrebatado.

De hecho, Felipe decidió retirar de manera temporal su plantón en los bajos del Palacio municipal, porque los priistas tenían pensado llegar hasta ese lugar.

La pregunta que miles de ciudadanos se hacen, incluido el que esto escribe, es ¿quién originó todo este entuerto que se vive hoy en Monterrey? La respuesta es sencilla: la comisión municipal electoral por su incapacidad para dirigir un proceso donde hubo una gran participación.

Hablando en “plata limpia”, como diría mi amigo el arquitecto Héctor Benavides, los responsables de toda esta incertidumbre y desconfianza ciudadana son los organizadores de la elección, quienes lo hicieron de manera deficiente.

La desaparición de los paquetes y la falta de documentación electoral que nunca llegó a las instalaciones de la comisión, dieron pie a que ahora miles de personas, acarreadas o no, salgan a las calles a presionar un veredicto a su favor.

Está claro que los votantes cumplieron al acudir masivamente el pasado 1 de julio. Ahora los magistrados tienen la obligación de dar una resolución justa y apegada a derecho, aunque de todas maneras quedará inconforme una gran cantidad de los electores.

miguelangel.vargas@milenio.com



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