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Miércoles , 14.11.2018 / 07:58 Hoy

En la escena fiscal-corporativa

La contabilidad patrimonial en el sector público

Miguel Ángel Santillana Solana

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Según l C.P.C, Jaime Carballo Maradiaga, el control patrimonial contable era una preocupación relativamente nueva en el sector público, hasta que se promulgó la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), pues no había en contabilidad una obligación tácita sino sólo implícita del control patrimonial. Esta ley es la primera que se preocupa por dicho control contable en este sector, indicó .

Anteriormente, el control de los recursos recaía contablemente en el control del presupuesto, pero el presupuesto es anual y después no queda nada en la contabilidad ,excepto por sus remanentes; además, finalmente sólo reconoce las operaciones que tienen movimiento en el efectivo.

La contabilidad patrimonial tiene un enfoque diferente: registra la totalidad de las operaciones que ocurren en una entidad, tengan o no repercusiones inmediatas en el efectivo o las tengan en años diferentes.

Primero, queremos aclarar que el concepto de devengado no debería aplicarse al presupuesto, ya que éste se reconoce sobre las bases de flujo de efectivo y no sobre bases acumulativas.

El devengo se aplica al hecho ocurrido, independientemente de que tenga afectación o no en el efectivo; en el presupuesto, este concepto se aplica parcialmente, ya que sólo impacta cuando hay afectación en el efectivo, por ello el presupuesto devengado no pagado en un periodo presupuestal se cancela y no queda registrado al finalizar dicho periodo.

El devengo obliga a registrar los eventos en el momento en el que ocurren, no importando que su movimiento en efectivo se dé en un periodo presupuestal diferente queda esa historia y no se cancela, a menos que ya no proceda por que la operación se haya cancelado o no haya obligación de pagos en pasivos o una futura recuperación en el caso de los activos, de acuerdo a la LGCG.

Desde luego que en el sector público sin presupuesto no puede haber operaciones, ya que todas están sujetas a un presupuesto, situación de suma importancia para la contabilidad patrimonial y se debe tener en cuenta.

En el momento en que no haya presupuesto para una entidad del sector público, no habría negocio en marcha o existencia permanente, como se le denominó a este concepto en el sector público, situación que provocaría la asignación de su patrimonio a otro ente o su liquidación, por lo que sus estados financieros patrimoniales cambiarían sustancialmente; la contabilidad patrimonial también sería muy útil en esta situación.

El objetivo de la contabilidad patrimonial es obtener una situación financiera de una entidad en un momento determinado, habiendo registrado sus operaciones en el instante en el que ocurren, de tal forma que lo que refleja el balance a una fecha determinada debe contemplar todos aquellos recursos que se espera recuperar en efectivo y las obligaciones que a esa misma fecha se sabe deberán ser cubiertas; su diferencia es el valor patrimonial de la entidad en ese momento con las condiciones existentes y conocidas. Por ello, al acomodar las cifras a conveniencia, se desvirtúa la información.

Como ya quedó apuntado, la contabilidad patrimonial sin algún presupuesto asignado a la entidad no podría existir, su motor es el presupuesto; sin embargo, el presupuesto genera también obligaciones a futuro, como sucede, por ejemplo, con las obligaciones laborales al retiro de los trabajadores. Un presupuesto permite la contratación de personal normalmente con base en el salario que tendrán en un periodo, pero esos trabajadores están amparados en las leyes laborales que les general beneficios futuros que aún no están, por razones obvias, amparadas en ningún presupuesto, sin que esto quiera decir que no hay. Entonces, ¿en dónde estaría estado de derecho? Por lo tanto, se generan pasivos, ya que dichas obligaciones ocurren haya o no presupuesto que permita pagarlas.

El problema de la contabilidad patrimonial consiste en que al ser una técnica, cualquier persona con poder se siente con derecho a modificar l doctrina contable a su antojo, provocando que alguna autoridad determine lo que es conveniente informar y lo que no lo es; esto pasa tanto en la contabilidad del sector público como en la del sector privado.

También es cierto que la profesión contable no ha presentado atención a este asunto y no ha defendido esa doctrina; actualmente las normas de contabilidad y de información financiera son elaboradas por personas que no tienen que ver con la profesión contable y, por tanto, no toman en cuenta que una de las principales obligaciones de la contabilidad es decir la verdad con base en la sustancia económica.

La contabilidad patrimonial que no reconoce el total de sus activos y de sus pasivos no refleja el patrimonio que realmente tiene la entidad, por lo que se vuelve inútil, se trabaja demasiado y no rinde frutos, por lo que no se pueden tomar decisiones acertadas. Además, no cumple con el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

El principal usuario de la información financiera es quien ha aportado los recursos para que las entidades públicas funcionen; por ello, no es justo que se manipule la información ocultando pasivos, generando activos inexistentes y no valuando los activos a los valores en que se haya invertido en ello y sea todavía factible su realización.

El principal responsable de esto no el gobierno sino el experto en información financiera: el contador público, quien tiene la obligación profesional de pronunciarse y denunciar la malversación que se ha hecho de la norma contable y su alejamiento de la doctrina básica.
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FUENTE: Revista PAF Núm. 646. 1ª. Quincena de septiembre de 2016. En “La contabilidad patrimonial en el sector público” C.P.C. Jaime Carballo Maradiaga. Págs. 12,13 y 16.

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