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Jueves , 13.12.2018 / 00:40 Hoy

En la escena fiscal-corporativa

La Constitución Mexicana y los Derechos Humanos

Miguel Ángel Santillana Solana

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La teoría constitucional contemporánea ha consolidado la tesis de que la legitimidad estatal proviene de los derechos fundamentales de las personas.

Esta idea tiene un doble sentido. Supone que el sustento de legitimidad del Estado reside en el reconocimiento de un conjunto de derechos que imponen límites y vínculos al poder político. También implica que la legitimación de las políticas públicas depende de que éstas ofrezcan garantía efectiva a estos bienes jurídicos fundamentales. Esos derechos, entonces, son bienes jurídicos protegidos que adquieren la forma de libertades, potestades políticas y exigencias sociales. Un Estado constitucional y democrático se distingue de otras formas de organización sociopolíticas, precisamente, por el reconocimiento formal de esos derechos y por su garantía práctica.

De hecho, en el mundo contemporáneo, si un observador se propone determinar el grado de desarrollo humano de una sociedad determinada, deberá centrar su atención en el nivel de garantía efectiva que las autoridades ofrecen a los derechos fundamentales. Más allá de los que establezcan las normas constitucionales de dicha comunidad, en la dimensión práctica, lo que importa es determinar cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones. Cuando las personas son efectivamente libres, conviven en condiciones de igualdad, ejercen sus autonomía política y tiene sus necesidades básicas satisfechas; entonces, el constitucionalismo de los derechos será una realidad práctica. En cambio, en una sociedad en que los derechos son reconocidos normativamente, pero en los hechos son menospreciados y violados tanto por las autoridades como por las particulares, la realidad será autoritaria, inequitativa, opresora. Por ello, el reconocimiento constitucional de los derechos es sólo un primer paso (relevante, pero insuficiente) para que el constitucionalismo de los derechos sea un rasgo distintivo de un Estado determinado. Sin políticas públicas y mecanismos de garantía que conviertan a los derechos en una realidad, el constitucionalismo no pasa de ser una buena idea.

México en muchos sentidos se encuentra atrapado en esa paradoja. A lo largo de nuestra historia constitucional los derechos de las personas han sido reconocidos de manera reiterada. Con formulaciones distintas (derechos humanos, derechos del hombre, garantías individuales) estos bienes fundamentales han constituido una promesa constitucional, pero también una realidad incumplida. Es verdad que, a partir del reconocimiento constitucional de las libertades fundamentales, de los derechos políticos y de los derechos sociales, se han desarrollado algunas políticas e instituciones de garantía, que han permitido constatar momentos de constitucionalismo democrático efectivo, pero los avances en esta dirección siguen siendo insuficientes. En esta materia, México es un país de claroscuros. Sin duda es un país más democrático que en el pasado, en que algunos derechos fundamentales de las personas cuentan con mayores garantías, pero también es verdad que los niveles de violación y desamparo de algunos derechos básicos (sobre todo de las personas más débiles en amplias zonas del territorio nacional) siguen siendo una marca característica del rostro de la sociedad mexicana.

Fuente: Carbonell, Miguel, Salazar Pedro (coordinadores); “La Reforma Constitucional de Derechos Humanos “Un nuevo paradigma-”; Editorial Porrúa, México, D.F., 2013. Págs. IX y X.

sasm_sc@hotmail.com @M_ASantillana

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