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Miércoles , 12.12.2018 / 23:18 Hoy

En frecuencia

Reforma al 19

Miguel Ángel Puértolas

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Hoy en el Senado de la República inicia el debate para una solicitud hecha desde pasadas administraciones a los legisladores federales y es incluir en el famoso catálogo de delitos graves el robo de combustible y la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos en el apartado de portación ilegal de armas. Estos dos delitos han sido de los que más vidas han cobrado al menos en los dos últimos años y han recrudecido el ambiente de violencia que se vive en el país, y la reforma consiste en que no se conceda la libertad condicional y se aplique como medida cautelar a los imputados por estos delitos la prisión preventiva. Con ello lo que se busca es frenar esta racha de violencia, pero será solo un pequeño paso, pues lo he comentado en diversas ocasiones, de nada sirve detener a tantas personas si no se tiene un control sobre el tráfico de armas que ingresan al país de manera indiscriminada en muchos casos con la omisión o complacencia de las autoridades de ambos lados de la frontera norte de nuestro país.

Tan solo en 2018 a octubre del presente año, la Procuraduría General de la República abrió 11 mil 655 carpetas de investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la mayoría de los detenidos involucrados en estas investigaciones se encuentran libres debido a que el delito no es considerado como grave. De pasar la reforma en el Senado, deberá de pasar por la Cámara revisora en este caso la de Diputados y de ahí se circulará a los congresos de los estados para finalmente ver la luz posiblemente antes de que termine el año.

Con ello a quien se detenga por el delito de robo de combustible o de portación ilegal de armas terminará en prisión y entonces veremos si tras la modificación a la ley se reduce al violencia en el país. Claro no será mágico el asunto pero sí será un acicate para el gobierno a fin de que opere políticas públicas que inhiban la comisión de delitos.

La reforma incluye dos ingredientes que no se habían tocado, pues como lo prometió en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador, también serán delitos graves la corrupción y los delitos electorales. El problema que veo con la corrupción es si habrá en algunos casos la intención de probarla, pues desafortunadamente hoy en día vemos alguna sentencia por corrupción, independientemente de que los involucrados hayan terminado en la cárcel imputados de delitos que no permiten la prisión preventiva.

Un caso emblemático es el de Elba Esther Gordillo, ex lideresa magisterial, que regresó por sus fueros justo al inicio de la presente administración federal, pese a que había aparentes pruebas de corrupción con el dinero propiedad del sindicato de maestros se le imputaron delitos que permitieron tenerla en prisión y que al final se cayeron por falta de pruebas.

Combatir la corrupción requiere más que una modificación constitucional, pues ya se probó que a presuntos culpables se les puede tener en la cárcel y no necesariamente terminan por pagar sus actos indebidos.

miguel.puertolas@milenio.com

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