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Martes , 23.10.2018 / 01:34 Hoy

En frecuencia

Procuradurías, también empujan “la puerta giratoria”

Miguel Ángel Puértolas

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Se ha culpado en innumerables ocasiones a las deficiencias en el Poder Judicial, emanadas principalmente de las leyes con que operan, dictadas por el Legislativo; de la famosa "puerta giratoria" que permite a los delincuentes salir como entraron luego de ser sorprendidos, principalmente, por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, o por robo de combustible, para el ámbito federal, o en su defecto, la libertad de presuntos delincuentes del fuero común que salen sin problema a la calle luego de haber cometido algún ilícito como el robo, siendo este en particular el delito más reclamado.

Sin embargo, vale la pena darle un vistazo al documento entregado por la Procuraduría General de la República al Senado este año denominado: "Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de Trabajo" en donde en una especie de mea culpa, hace señalamientos importantes de por qué no opera como debe ser el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El escrito es muy claro y deja constancia de cómo las prácticas enquistadas desde hace un siglo en la forma en la que operan, no solo la PGR sino también las procuradurías locales, terminan por dar al traste con la intención de tener un sistema de justicia, expedito, confiable, en el que se garantice el castigo al delincuente, justicia para la víctima y evitar que inocentes pisen la prisión.

Y es que si bien es cierto se cambiaron las leyes para ello, los procesos internos mediante los que operan tanto la PGR como sus similares en los estados siguen siendo obsoletos, apostándole más a prácticas comunes del sistema viejo, el inquisitivo, por ser las que desde siempre han utilizado y que al parecer no se tiene la intención de eliminar, y ojo, con el riesgo que esto se repita si el cambio de Procuraduría, estatal o federal, a Fiscalía, termina siendo solo de nombre y no de fondo lo que nos seguirá teniendo en la situación que hoy tenemos, con todo y el sistema de justicia penal actual.

Un ejemplo de que no se han desarraigado prácticas anquilosadas es que la mayoría de las indagatorias emprendidas por las autoridades investigadoras parten más de la flagrancia, es decir del momento fortuito en el que la policía preventiva detiene al presunto delincuente, más por obra de la casualidad o denuncia ciudadana, que por un mero acto de investigación científica para después ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Dicha práctica tiene décadas de permanecer en la mentalidad de los encargados de perseguir a los delincuentes, y hoy más por descuido y dejadez que por falta de herramientas se mantiene entre los policías. El resultado: malas investigaciones o carpetas mal integradas que terminan con la liberación de presuntos delincuentes.

Podemos sumar a ello, la falta de preparación o interés en impulsar los métodos alternos de solución de conflicto, que llevan al camino fácil de judicializar todo lo que llega a manos de las procuradurías engrosando los archivos de éstas, provocando una congestión de la justicia.

Si agregamos a ello el perfil de servidor público que se contrata no es el más adecuado en muchos casos, terminamos por concluir que la procuración de justicia requiere de una cirugía mayor, misma que debe ser parte de lo que hoy trabajan los legisladores para evitar que un eslabón tan importante de la cadena como son las procuradurías sigan funcionando como hasta hoy.

Es cierto que hay que enmendar algunas situaciones en el Poder Judicial, pero convirtiendo en delito grave algunos delitos, en este contexto no va a arreglar nada.

miguel.puertolas@milenio.com

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