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¿Fin a la guerra contra el narco?

Miguel Ángel Puértolas

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Hay una clara intención por parte de la nueva administración de dar un vuelco en la manera en la que se ha tratado el combate al crimen organizado transnacional y una de sus principales actividades como es el tráfico de drogas.

En primer lugar el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador ha dejado en claro que el Ejército Mexicano deberá volver a los cuarteles, claro, no sin antes tener cuerpos policiales capacitados, bien remunerados y depurados.

Y es que recordemos que el pretexto de haber echado mano de los militares para temas de seguridad fue ese, precisamente hace 12 años, limpiar las policías de los tres niveles de gobierno profesionalizarlas y luego regresar al Ejército a sus cuarteles… pero no sucedió.

Hoy el plan, según Alfonso Durazo Montaño, quien dejará la curul en el Senado para la que fue electo a fin de asumir la restituida Secretaría de Seguridad Pública Federal y Audomaro Martínez Zapata, uno de los encargados de elaborar el proyecto de seguridad de López Obrador es que los soldados regresarán a sus funciones originales y obvio a los cuarteles a partir de la segunda mitad del sexenio.

El reto es muy grande, pues en dos sexenios no han podido terminar con la famosa depuración, profesionalización y dignificación de las policías en el país, que no han dejado atrás las condiciones precarias en las que operan en la mayoría del territorio nacional. Hoy el nuevo gobierno pretende dar un brinco en tres años, empresa que se antoja difícil pero no imposible si se modifican los parámetros utilizados para medir el control y confianza de los policías.

Pues las herramientas hoy utilizadas, y sumamente cuestionadas, han ocasionado una parálisis que además de no resolver el problema de confiabilidad impide que las corporaciones cuenten con elementos suficientes para conformar una corporación a la medida de las necesidades de municipios y estado.

La apuesta del nuevo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador es modificar la estrategia de choque frontal con los criminales como única herramienta de combate a la inseguridad, atacando otros frentes como el de la educación, oportunidades de desarrollo para los mexicanos, y la mejoría de la condición económica de la población especialmente en los grupos más vulnerables.

Creo que debe de haber un equilibrio entre ambas estrategias, pues si bien es cierto hay que apostar a la prevención desde el bienestar social tampoco se puede dejar de lado el combate a los delincuentes, apostarle a una sola vertiente, como la de la “guerra contra el narco” ha llevado al país a niveles de violencia nunca antes vistos.

Un ejemplo es Guanajuato, que de enero a mayo de 2017 registró 369 homicidios dolosos, cifra que se disparó a 1,005 lo que significa un aumento de 172% y sigue al alza. A nivel nacional no es muy diferente el panorama pues el escenario es también al alza al pasar de enero a mayo del 2017 de 9 mil 749 homicidios dolosos a 11 mil 437 un incremento del 17 % promedio.

Ya lo dijo AMLO desde el 2016 en que pidió “No continuar con la política coercitiva, pues no se resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, dado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.

miguel.puertolas@milenio.com

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