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En frecuencia

Andan perdidos $2 mil millones

Miguel Ángel Puértolas

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Habrá que prestar atención a lo que está sucediendo con el manejo de los recursos públicos federales en el Estado de Guanajuato, en especial durante la pasada administración que encabezó Miguel Márquez Márquez, pues el río empieza a sonar muy fuerte y como dice el dicho si suena es que agua lleva.

Al corte de la segunda entrega de la cuenta pública del 2017 se han hecho observaciones importantes en torno al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, además de la presentación denuncias en contra de servidores públicos ante la Procuraduría General de la República.

Estas denuncias fueron presentadas por parte de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR, derivado de una serie de presuntos desvíos, por malversación en el monto destinado al Seguro Popular y por irregularidades en las finanzas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

Son 11 entidades federativas las involucradas en este último hecho, de las que se desprenden 22 denuncias, luego de que se observara una falta de documentación comprobatoria, pagos a personal sin perfil para el puesto, conceptos no financiables por el programa, pago de medicamentos por arriba del precio de referencia y cheques cancelados no reintegrados, entre otros.

Pero hay más, en Guanajuato la auditoría presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 53 millones 279 mil 922 pesos por no haber proporcionado a la fecha de la auditoría, la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2017.

La entidad a su vez es la tercera con más observaciones por el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, que es parte del ramo 33 por falta de documentación comprobatoria, recursos no ejercidos y pagos improcedentes, por 173 millones de pesos, solo superado por Puebla y el Estado de México.

Y aquí hay un dato interesante más, según el Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF existe en Guanajuato recursos por recuperar o aclarar por un monto total de 2 mil 268 millones de pesos los cuales mil 950 millones corresponden al sexenio anterior, encabezado por Miguel Márquez Márquez y el resto 318 millones al sexenio en que gobernó Juan Manuel Oliva, al día de hoy siguen sin aclararse estos montos. El disparo en el monto de recursos por aclarar o recuperar es evidente pues pasa de 220 millones de pesos en el 2013 a 583 millones en el 2015.

La suma que hasta hoy no ha sido aclarada por ningún ente de gobierno no es cualquier cosa pero hay algo que es para preocuparse, la ASF ha presentado a nivel nacional en lo que va del año 37 denuncias por presuntos desvíos de recursos, según Alberto Elías, encargado de despacho de la PGR, solo se han judicializado cuatro. A este paso, tal vez nunca sabremos qué pasó con esos más de 2 mil millones que andan “perdidos” en Guanajuato.

miguel.puertolas@milenio.com

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