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Lunes , 22.10.2018 / 05:24 Hoy

Destitución de ayuntamientos

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Muy lamentable que se haya llegado a este punto de conflicto que pone en entredicho a la institución municipal y a la propia Legislatura del Estado.

Son varios los ayuntamientos que están en circunstancias similares, por adeudos de laudos laborales y otros por controversias con proveedores o constructoras.

Todos alegan carencia de recursos para cumplir, en muchos casos, con herencia de demandas de anteriores presidentes municipales, quienes intentaron y muchas veces lograron, evadir su responsabilidad al concluir el período constitucional, en ocasiones para buscar un arreglo menos gravoso y en otras por auténtico desacato.

El mes de enero, a punto de concluir, será marcado en la historia municipal del Estado de México por la destitución ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Ayuntamiento de Coacalco presidido por Edwin Castelán Enríquez, así como para sancionar al anterior Presidente Municipal, diputado federal en funciones, David Sánchez Isidoro, junto con su cabildo 2013-2015, y se les procese por el delito de inejecución de sentencia, incluidos síndicos y regidores.

Anteriormente, la Corte daba oportunidad a las autoridades de cumplir con las sentencias, a pesar de una obligación constitucional para sancionar el desacato, conforme lo dispone el artículo 107, fracción 16 de nuestra Constitución Federal.

Eso ya se terminó.

Un adeudo de poco más de 4 millones de pesos a un empleado despedido desde antes de 2012 generó toda esta histórica medida que debió cumplirse desde 2013.

El actual Presidente Municipal, Edwin Castelán, hoy separado y sujeto a proceso, desde abril de 2017 dejó de responder al Juez de Amparo, con lo que mostró su ausencia de voluntad para cumplir con el fallo protector de la justicia.

De todas formas el adeudo ya fue pagado, pero las consecuencias del fallo de la Corte son inapelables.

La violación al artículo 267 de la Ley de Amparo será recordada ahora por todas las autoridades. Su costo es mucho mayor que cumplir con las resoluciones judiciales, en tiempo y forma.

Ahora corresponde al Congreso del Estado la designación del Cabildo, sea con los suplentes o con otros ciudadanos para cumplir con el último tramo del trienio.

Mientras tanto el único funcionario municipal responsable del funcionamiento del gobierno es el secretario del ayuntamiento, Gabriel Pawling Alva.

Situaciones inéditas que obligan a una revisión de las disposiciones legales aplicables en nuestro Estado, para evitar estos vacíos de funcionamiento del gobierno.

El imperio de la ley es un ideal ético-político de cómo debe gobernarse.

Nadie por encima de la ley, por eso el juramento constitucional.

A cumplir con la ley.

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