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Martes , 11.12.2018 / 06:33 Hoy

Columna de Mauricio Farah Gebara

Migración: la doble responsabilidad del Estado mexicano

Mauricio Farah Gebara

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Entre otros retos que debe enfrentar el próximo gobierno de la República se encuentra el de la migración.

En lo que va del siglo, México no ha podido equilibrar su exigencia de respeto a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos con su deber de proteger los derechos de quienes se internan sin documentos en territorio nacional, mayoritariamente provenientes de Centroamérica.

Si la doble responsabilidad era crítica en gobiernos estadunidenses anteriores, ahora lo es más con Donald Trump y su exacerbada posición antiinmigrante y xenófoba.

El presidente de Estados Unidos ha dejado claro que no aprecia el trabajo migrante y que profesa un acentuado racismo. Lo ha expresado verbalmente y también con sus decisiones, algunas de las cuales ha contenido el entramado legal e institucional de su país.

Además de otras medidas, recientemente su “tolerancia cero” lo llevó a establecer como política pública la separación de los hijos de sus padres, una vez que éstos habían sido detenidos en la frontera, pero una orden judicial lo llevó a suspender esta disposición.

Queriendo ajustarse a esa orden, solicitó retener a los menores de edad de manera indefinida en tanto se dirime el juicio de deportación de sus padres. Sin embargo, la magistrada Dolly Gee, de la Corte Federal de Los Ángeles, ratificó una sentencia judicial de 1997, conocida como Acuerdo Flores, que estableció que el gobierno federal no tiene derecho a retener en custodia más de 20 días a niños migrantes.

Además, un juez de San Diego ordenó que todos los menores de cinco años deben ser reunidos con sus padres a más tardar el 10 de julio, fecha que se prorrogó para el 26 próximo.

El presidente Trump está entrampado, pues no puede separar a las familias y tampoco puede retener a los niños por más de 20 días. Según su propio gobierno, son alrededor de 3 mil los niños separados de sus padres.

Por otra parte, el mandatario estadunidense ha endurecido las medidas de contención en la frontera con México, lo que, entre otras consecuencias, ha aumentado la muerte de migrantes en los ríos, desiertos y montañas de la franja fronteriza.

De acuerdo con información de la Organización Internacional para las Migraciones, las aprehensiones de migrantes en la frontera se redujeron de 611 mil en 2016 a 341 mil en 2017. A pesar de ello, el número de migrantes fallecidos por ahogamiento, deshidratación e hipotermia aumentó de un año a otro de 398 a 412. Llevamos muchos años de muerte diaria en la frontera.

La causa es conocida desde hace décadas: a mayor reforzamiento de la vigilancia fronteriza, los migrantes se aventuran más y más por zonas inhóspitas y de alto riesgo.

Al parecer eso mismo ocurre ahora en México, debido a la implantación del Plan Frontera Sur, que reforzó la vigilancia policial y militar en las carreteras de Chiapas. Esto provocó que los migrantes centroamericanos tomaran mayores riesgos en rutas alejadas de las poblaciones en Chiapas, Tabasco y Oaxaca.

Según reportó en su momento Animal Político, el número de delitos contra centroamericanos aumentó notoriamente: de enero a octubre de 2016 se registraron mil 308 denuncias, cuando en 2013 se presentaron 407. La mayoría de los delitos corresponde a robos y asaltos; le siguen lesiones, amenazas, violación, abuso de autoridad, extorsión, sin faltar asesinatos y secuestros.

Asimismo, a pesar de que la Ley de Migración establece que solo el Instituto Nacional de Migración puede verificar la condición migratoria de las personas, de 2006 a 2016, seis corporaciones detuvieron a 77 mil 310 indocumentados. Estas son las cifras en números cerrados: Policía Federal, 29 mil; PGR, 24 mil; policía local, 14 mil; Policía Estatal, 6 mil; Marina, 2 mil, y Secretaría de la Defensa, 983.

Son detenidos en entidades fronterizas como Chiapas y Tabasco, pero también en Oaxaca, Tamaulipas, Sinaloa, Estado de México, San Luis Potosí, Nuevo León y Ciudad de México.

No hay duda de que México está obligado legal y moralmente a ser ejemplo de respeto y protección a los derechos humanos de los migrantes por responsabilidad y convicción propia, pero también porque así fortalecerá su exigencia de respeto a los derechos de los mexicanos por parte de Estados Unidos.

Tenemos que establecer una clara diferencia: una política comprensiva de la migración y de los motivos de los migrantes es aplicable por igual aquí y allá.

Nos indigna ver, tal como lo muestra el documental ¿Tienes un abogado?, a niños migrantes comparecer ante jueces estadunidenses, lo que se reproduce en este testimonio.

Los menores de edad se ven obligados a responder ante un juez que les pregunta si tienen un abogado, si saben lo que es un abogado, si entienden el procedimiento a que están siendo sometidos. La inocencia de los niños los hace permanecer atónitos: no saben de qué se trata; solo saben que tienen semanas o meses sin ver a sus padres.

El diario El País da cuenta de un caso absurdo: la presentación en un juzgado de Phoenix de un niño hondureño de un año de edad que había sido separado de su padre. La imaginación palidece frente a estos extremos.

La política anunciada por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es poner el acento en una visión humanitaria de la migración y apoyar el desarrollo regional, incluida Centroamérica.

No podemos seguir replicando a nuestra manera las políticas estadunidenses de rechazo y de violación a los derechos humanos.

Tenemos que ser consecuentes. 

*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados


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