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Martes , 21.08.2018 / 19:38 Hoy

Columna de Mauricio Farah Gebara

Bloqueos de la CNTE: violación a los derechos humanos

Mauricio Farah Gebara

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"Etla significa 'Lugar donde abundan los frijoles'. Hoy no tenemos ni eso": Tomás González, presidente municipal de Villa de Etla, Oaxaca.

Los bloqueos realizados por la Coordinara Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus grupos aliados han puesto en riesgo el abasto de alimentos y bienes básicos en municipios de alta y muy alta marginación en Oaxaca.

Tanto por su ubicación como por su duración, estos bloqueos están provocando que comunidades que viven en niveles de subsistencia estén a punto de quedarse sin leche en polvo, frijol o maíz.

Como ocurre siempre en estas condiciones, las más afectadas son las regiones más marginadas, las familias más pobres, las que no cuentan con despensa, almacén o reserva, aquellas para quienes la alimentación diaria es de por sí incierta.

Los bloqueos han causado que en Oaxaca no se surta normalmente a 28 de los 30 almacenes de Diconsa y que no se abastezca a siete de cada 10 de las 2 mil 500 tiendas que tiene en la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, los afectados por el desabasto son alrededor de un millón y medio de oaxaqueños, muchos de ellos habitantes de 48 de los 150 municipios más marginados del país.

En tanto que la Sedesol encuentra rutas alternas para hacer llegar los productos a fin de impedir que las reservas de las tiendas se agoten, el vocero de la sección 22 de la SNTE, Eligio Hernández, minimizó el problema del abasto, pues dice que en las regiones donde no están llegando los productos "la gente vive del autoconsumo". ¿Confunde pobreza con independencia alimentaria?

Esta declaración se suma a la incomprensible insensibilidad de la coordinadora y de los diversos grupos que la apoyan, cuyas motivaciones, según ha revelado MILENIO, están muy lejos de la razón que se da para justificar los bloqueos, de los cuales se dice que han "demostrado ser la vía para revertir la reforma educativa".

Ahora bien, ¿quiénes están encabezando los bloqueos? Maestros adscritos al servicio de educación pública, es decir, servidores públicos. Como cada vez más mexicanos saben, los servidores públicos que con sus acciones u omisiones dañan a las personas cometen una violación a los derechos humanos. Lo están haciendo estos maestros, al interrumpir la libre circulación, en lugares estratégicos y por largo tiempo, lo que a su vez impide el abasto de alimentos y medicinas y afecta el derecho a la salud y la alimentación. Violan también los derechos humanos, especialmente el interés superior de niñas y niños, al ausentarse de su trabajo frente a grupo y hacerlos perder un tiempo irrecuperable, por no hablar de actos delincuenciales ya muy conocidos.

Habría que esperar, entonces, que las organizaciones que se definen a sí mismas como protectoras de los derechos humanos, de los pobres o de los indígenas, por ejemplo, se manifiesten en pro de los grupos que dicen defender y exijan el cese de estos bloqueos.

Si se está poniendo en riesgo la sobrevivencia o el bienestar mínimo de tantas personas, especialmente de niños y personas mayores, es claro que sus defensores deberían estar ya al frente de una demanda indiscutible: el retiro de los bloqueos o, en su caso, la garantía de que se dejará pasar las unidades que transporten alimentos, medicinas y otros bienes indispensables.

Pero no hay, hasta ahora, un pronunciamiento similar, no al menos de parte de voces y organizaciones que suelen ser extremadamente sensibles a cualquier sospecha o acto de injusticia o que ponga en riesgo la vida, la integridad o los derechos humanos de personas vulnerables.

¿Por qué en este caso organizaciones de la sociedad civil conocidas por su combatividad y determinación prefieren el silencio? ¿Por qué repentinamente dejan de interesarles los pobres, los indígenas, los marginados? ¿Por qué una acción que afecta directamente los derechos fundamentales de cientos de miles de familias empobrecidas no causa indignación ni mueve a la protesta o la denuncia?

Tal vez ello se deba a que la protesta es selectiva y que se ejerce o no en función de simpatías, preferencias o coincidencias.

Los hechos, sin embargo, deben ser analizados y abordados según su naturaleza y sus efectos, sin importar su autoría o procedencia.

Es indispensable que la CNTE y sus aliados reconozcan el daño que causan al abasto de alimentos y medicinas (por no hablar de los perjuicios al comercio, el turismo, la inversión y el empleo) y eviten que sus tácticas incidan negativamente en la salud y la alimentación de la población más desprotegida.

El grado de legitimidad de los movimientos sociales se pierde o se gana, aumenta o disminuye, en función de sus acciones y
consecuencias.

*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados.
Twitter: @mfarahg

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