Durante años nos acostumbramos a la falsificación de los hechos, hoy entrenamos la maestría de falsas causalidades. No se trata de la mentira habitual, a pesar de la experiencia nacional en verdades insostenibles. La mala pedagogía política muestra su capacidad para desenvolverse en el pináculo de la mentira: la falsedad de la relación entre causa y efecto. Parece nublarse la lógica que permitió diagnósticos sobre la realidad mexicana. Elemento que había entrado al consenso sobre nuestra disfuncionalidad, se separa ahora de sus consecuencias hasta construir un nuevo entorno.
Perdidos en percepciones y se discuten elementos sin fijarse en conjunciones causales. Los insumos de gobierno se desprenden de su utilidad, al punto en que son mencionados sin fijarse en la función que deberían tener. Se habla de leyes sin pensar para qué sirven o se insiste en estrategias de seguridad que pasan por alto costos que se conocen bien. Aquí se dice justicia sin contemplar los elementos de los que depende; se reiteran acepciones de procesos integrales que, a la mexicana, quieren vivir en partes aisladas y sin integralidad.
La construcción de este entorno permitió ya, un intento de presentación de reformas al sistema de justicia que, en el Senado, asomó ensayos regresivos para ampliar el arraigo, la discrecionalidad y hacía subjetiva la ilegalidad de la tortura en la obtención de pruebas.
El combate a la impunidad como pilar de la disfuncionalidad busca mostrarse eficiente en terrenos fiscales, pero se diluye en los espacios de impartición de justicia.
Nos aferramos al vacío en materia de derechos humanos. Los saldos de la arquitectura en la política de seguridad han sido más que diagnosticados, pero las víctimas permanecen en su búsqueda por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Los casos emblemáticos no han salido realmente del abismo.
A partir de la buena estima que guarda el ejército, se obviaron los atropellos de las fuerzas armadas y se les otorgó facultades que reflejan desinterés por reformar las estructuras civiles.
Según el informe de Human Rights Watch en su capítulo México, entre enero y septiembre de 2019 se recibieron 84 quejas de tortura.
En simultáneo, una incesante defensa de la soberanía en lo energético encuentra displicencia en las concesiones migratorias. El mismo informe reporta las 599 quejas de abusos contra migrantes que recibió la CNDH en dichas fechas.
Si nuestra mejor burocracia es el Ejército no hay transformación. Hay claudicación. La falta de transparencia como elemento de impunidad se mantiene con la entrega de responsabilidades a la estructura más opaca del Estado. Se refuerza con la reserva de expedientes políticamente conflictivos.
Sostener la ruptura de la lógica como instrumento de gobierno tiene complicaciones: por más que se domine la percepción no es posible eludir el gobierno de la realidad. Quizá sea prudente pensar si la ingobernabilidad del país se encuentra en la incapacidad de distintas administraciones por definir qué es lo que quieren gobernar. Para unos gobiernos, el país fue la visión que tenían de sí mismos; para el actual es una idealización antes que el país.
@_Maruan
