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Lunes , 15.10.2018 / 10:49 Hoy

Columna de Mariana Díaz Figueroa

Trabajar, el privilegio de unos cuantos

Mariana Díaz Figueroa

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¿Se imaginan no poder trabajar, ni desarrollar un plan de vida o ser independientes por el simple hecho de tener una discapacidad? ¿Cómo se sentirían si todas las puertas les fueran cerradas por algo en lo que ustedes no tuvieron nada que ver?

La discapacidad no es algo individual, es la suma de dos factores: por un lado las circunstancias particulares de una persona (ya sean físicas, psicológicas o de cualquier otro tipo) y, por otro, las barreras que encuentra en su entorno (como puede ser la ausencia de rampas, de lenguaje de señas y los prejuicios y estereotipos a los que se enfrenta) que limitan el ejercicio de sus derechos básicos, como es el trabajo. Si se eliminan las barreras podremos afirmar que la situación de discapacidad desaparece.

Para hacer visible la gravedad del problema que vivimos las personas con discapacidad para ejercer un derecho tan básico como el trabajo basta con revisar la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 del Inegi, en el que se menciona que únicamente 39.1 por ciento de la población con discapacidad, mayores de 15 años, participa en actividades económicas, a diferencia de 64.7 por ciento de la población sin discapacidad.

La Organización Internacional del Trabajo en 2007 también refirió que las personas con discapacidad que obtienen un empleo “con frecuencia están relegadas a trabajos de bajo nivel y pocos ingresos, con escasa seguridad social y legal, o están segregados del mercado primario del trabajo”.

Además de tener salarios bajos, no se toma en cuenta que en muchas ocasiones los gastos cotidianos que resultan indispensables para tener una vida independiente, como son el transporte, los apoyos humanos (por ejemplo, el pago de asistentes personales) y técnicos (como la compra de sillas de ruedas, muletas, bastones, entre otros), implican un gasto adicional que el resto de la población no tiene y que no se ve subsanado.

El hecho de negar u obstaculizar derechos cuando las razones no son objetivas y razonables se conoce como discriminación y quien es víctima de la misma sufre graves consecuencias a lo largo de su vida. Estas marcas son invisibles, pero difíciles de borrar. Afortunadamente, existen algunos mecanismos legales para tratar de resarcir el daño.

Cuando estudiaba la carrera de derecho, encontré una oferta de trabajo en la que se negaba la posibilidad a las personas con discapacidad de competir en igualdad de condiciones para obtener un puesto, así que decidí impugnar la convocatoria al considerarla discriminatoria.

Después de perder en varias instancias, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el amparo en revisión 3283/2015, y ésta me dio la razón y determinó que la sola publicación de la oferta de empleo resultaba por sí misma discriminatoria.

Para que se considerara la discriminación no fue necesario que me hubiere presentado físicamente a solicitar el empleo, pues se determinó que el hecho de obligarme a hacerlo generaría una revictimización, ya que desde un inicio se me impedía participar en un proceso de selección en el que mis aptitudes y conocimientos hubieran sido valorados.

Formándose así el primer precedente a escala nacional en donde se abordó el tema de discriminación laboral por motivos de discapacidad. Este precedente puede ser aludido por cualquier persona que se sienta discriminada para que los criterios emitidos por la Suprema Corte sean aplicados a su caso concreto.

Debo aclarar que lo anterior no implica que las empresas estén obligadas a contratar a todas las personas con discapacidad que les soliciten empleo, pero sí deben darles la oportunidad de participar en el proceso de selección en igualdad de condiciones con los demás aspirantes para demostrar si cuentan o no con los conocimientos requeridos para el puesto, debiendo ser este último aspecto el determinante para su contratación y no lo relativo a su discapacidad.

¿Cuáles son las razones por las que las empresas no consideran a las personas con discapacidad en sus ofertas de trabajo? Uno de los mayores obstáculos a los que nos enfrentamos las personas con discapacidad son las barreras actitudinales, es decir, los prejuicios y estereotipos (entendidos como ideas falsas y preconcebidas) con los que actúan ciertas personas y que al final terminan negando oportunidades sin tomar en cuenta ninguna otra cosa más que la discapacidad.

Contratar a personas con discapacidad para realizar trabajos estereotipados, con pocas posibilidades de crecer o simplemente “para que las personas con discapacidad se sientan útiles” también es una actitud discriminatoria y profundamente asistencialista.

Al respecto, no debe perderse de vista que el trabajo es un derecho humano inherente a todas las personas y que por lo tanto debe ser respetado y garantizado, pues al mismo tiempo permite el disfrute de otros múltiples derechos, como son la vivienda, el acceso a una vida digna e independiente, entre otros.

El mencionado derecho no puede ser privilegio de unos cuantos, pues ello no solo afecta a las personas con discapacidad, sino también a la sociedad en su conjunto, ya que según datos de la OIT, en un informe de 2009, supone un gran derroche de potencial que en algunos casos conlleva una pérdida del PIB de entre 3 y 7 por ciento.

El estudio completo se puede descargar en www.impunidadcero.org.

*Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro de la Comisión de Discapacidad de esa facultad. Cuenta con dos maestrías: una en Protección Internacional de los Derechos Humanos y Democracia, y otra en Derecho Electoral

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