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Sábado , 18.08.2018 / 02:45 Hoy

Columna de María Isabel Sánchez

Maduro aprieta el nudo

María Isabel Sánchez

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Casi una veintena de leyes y acuerdos anulados y amenazas que van desde su disolución hasta cortarle la luz y el dinero para funcionar: el Parlamento, de mayoría opositora, es prácticamente inoperante en Venezuela.

En los jardines del Palacio Legislativo, el jefe parlamentario, Henry Ramos Allup, un férreo antichavista de 72 años, rechazó el miércoles la última advertencia del presidente Nicolás Maduro, quien la noche del martes amenazó con suspender el envío de recursos a la Asamblea Nacional.

“Sistemáticamente el gobierno quiere neutralizar o liquidar al único poder que no controla ni va a controlar. Así nos corte el agua, nos corte la luz, o no nos mande dinero, esta Asamblea va a seguir funcionando”, aseguró Ramos Allup, a quien el mandatario considera el líder de la oposición.

Maduro dijo que envió a la Contraloría y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una consulta para detener la entrega de fondos al Parlamento.

Esto, en rechazo porque la bancada opositora reincorporó la semana pasada a tres diputados que la máxima corte había suspendido mientras resolvía una acusación de fraude electoral interpuesta por el oficialismo.

Poniendo fin a 17 años de hegemonía chavista, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) —que impulsa un referendo revocatorio contra Maduro— asumió el control de la Asamblea en enero pasado, tras barrer en las elecciones parlamentarias de diciembre, en las que obtuvo 112 de 167 curules, lo que abrió una nueva etapa en la polarización de Venezuela.

La crisis institucional en que está inmerso el país involucra a los órganos de justicia, electoral y otros poderes acusados por la oposición de servir al chavismo, en medio de la grave situación económica por el desplome de los precios del petróleo, la aguda escasez y la inflación desenfrenada.

Bautizado por Ramos Allup “bufete jurídico del gobierno”, el TSJ declaró el lunes en desacato a la mayoría parlamentaria, a raíz de las juramentaciones, y advirtió que se reserva “todas las acciones o procedimientos a que haya lugar” para sentar responsabilidades.

Desde enero, el TSJ ha emitido una veintena de sentencias contra leyes y acuerdos aprobadas por la mayoría opositora: amnistía para opositores presos, autonomía del Banco Central, enmienda constitucional para el recorte del mandato del presidente, ley de vivienda, rechazo del decreto oficial de emergencia económica, entre otros.

Miembros del partido de gobierno plantearon en junio la posibilidad de consultar al TSJ sobre una disolución del Parlamento.

Ramos Allup denunció que la Tesorería Nacional tiene dos meses de retraso en el pago de la guardería para los hijos de los empleados parlamentarios.

El presidente socialista, que llama “diablos” a los diputados opositores, afirma que la actual es una “Asamblea burguesa, aislada, neutralizada y derrotada”, que ha intentado darle un “golpe parlamentario”.

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