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Domingo , 19.08.2018 / 03:49 Hoy

Columna de María Elena Barrera

Obligaciones, sin desproteger el derecho a la intimidad

María Elena Barrera

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La corrupción es una grave enfermedad que sufre nuestro país, un padecimiento con costos económicos, políticos y sociales. Cuando la corrupción permea al servicio público, vulnera los fines y principios de nuestras instituciones, pervierte el ejercicio público e impide el progreso de la Nación.

Más allá del enriquecimiento ilícito en detrimento del patrimonio de los mexicanos, la corrupción tiene un costo mayor e incuantificable: la confianza de los ciudadanos. Éste costo es inaceptable. Atacar frontalmente la corrupción, es un reclamo que la sociedad civil ha manifestado con voz firme, y nosotros, sus representantes, hemos tomado cartas en el asunto.

Es por eso que los debates que hemos llevado a cabo en el Senado abarcan transversalmente el combate a la corrupción y de manera particular, con la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se busca inhibir cualquier acto ilegal de un servidor público para beneficio personal.

Por lo anterior, esta Ley exige la presentación de las tres declaraciones, Patrimonial, de Intereses y la Fiscal Anual, siembre bajo protesta de decir verdad. Las cuales deberán respetar el derecho a la vida privada y a la protección de datos que cada uno de nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas, salvaguardando en todo momento las responsabilidades y la rendición de cuentas a que se encuentra obligado cualquier servidor público sin desproteger el derecho a la intimidad.

El Servicio Público, no es una labor más, es un compromiso con la gente, y es nuestra responsabilidad que cada acto realizado en nombre de la gestión administrativa, sea llevado conforme a derecho y bajo los principios que rigen el servicio público.

Para eliminar la corrupción, la base se encuentra en la legislación, pero este sólo es el primer paso, más allá de su instrumentación en reglamentos y procedimientos, de la consolidación institucional, la corrupción no se terminará sin un cambio de fondo, arrancando de raíz el hábito impune de corrupción en que vivimos.

Este es un mecanismo ambicioso que busca acabar con uno de los mayores males de nuestra sociedad y nuestro gobierno, pero sobre todo, es un instrumento que busca cumplirle a la sociedad para recuperar su confianza y hacer valer el pacto de representación que han depositado en nosotros.

Yo creo en México, en sus personas y en sus políticos, en cada uno de los integrantes de esta sociedad. El México en el que yo creo, es un México sin corrupción y nosotros lo podemos hacer realidad.

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