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Martes , 16.10.2018 / 08:30 Hoy

Columna de María Doris Hernández Ochoa

La constitución de la ciudad de México, ¿oportunidad perdida?

María Doris Hernández Ochoa

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Con la definición final de lo que es el Distrito Federal y el enredo para ubicar en dónde está la Ciudad de México (con tantas delegaciones), ya tenemos legalmente a otra entidad federativa conocida ahora por su símbolo: CdMx, es decir, se trata de otro estado que requiere de una Constitución.

Para ello se convocó a 100 constituyentes, de los cuales 60 fueron electos por los habitantes encargados de presentar el proyecto a fines del presente mes, que permita el fortalecimiento de los derechos políticos de los habitantes y el pleno desarrollo de las funciones públicas del poder legislativo de la ciudad, desapareciendo la Asamblea del Distrito Federal: ahora será el Congreso de la Ciudad de México, el cual tendrá la facultad de ratificar a las personas titulares de la Administración Pública.

Este Congreso se integrará por 66 diputados, la mitad de los cuales serán plurinominales, con posibilidad de reelección hasta por cuatro períodos consecutivos y por el mismo partido.

De inmediato surgieron críticos de este proyecto de documento constitucional, como Luis Carlos Ugalde, quien fuera consejero presidente del IFE, ahora INE, y ahora conductor de programas de análisis político y editorialista de diarios de circulación nacional. Dice el analista que se va a entregar solamente una carta de buenos deseos, sin dar al nuevo estado un fundamento jurídico útil y eficaz para el bienestar de los capitalinos.

Le preocupa la lista desmesurada de derechos, desde los más básicos hasta otros nunca antes vistos en otra constitución, como a los de no asalariados, al espacio público estético, a la buena administración, a una renta básica progresiva, a la memoria, al cuidado de las personas y a la protección de los animales, entre otros.

Pasa por alto el garantizar el acceso a la justicia o a la integridad física, el derecho a la alimentación y a un empleo bien remunerado. Al incluir derechos sin jerarquía y sin evaluar su factibilidad presupuestaria, estaría en riesgo de cumplirse a medias o no, en lo básico.

Hay una enorme lista de derechos, pero casi nada de obligaciones, exige poco a los ciudadanos. Para el analista, este proyecto es “El sustento del paternalismo y la irresponsabilidad”. No reconoce que se demandan derechos y servicios elementales: movilidad, aire fresco, seguridad y empleo. Ya esperamos el capítulo final de este ensayo.

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