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Martes , 14.08.2018 / 15:36 Hoy

Cuestión Política

La Profepa y sus conclusiones

Marco Antonio García Granados

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El "procurador" Federal de Protección al Ambiente, (Profepa) Guillermo Haro Bélchez corroboró ayer que es un cínico y que está supeditado a los intereses del sistema gubernamental, al concluir que en el polígono Malecón Tajamar de Cancún, "no ha habido ni ecocidio ni devastación ambiental". La zona, arguyó en conferencia de prensa, "ya estaba impactada y por ello no contaba con las características para calificarlo como humedal".

Manifestar ante la opinión pública que no hubo desmonte ni daño al ambiente, desvela al "servidor público" no solamente como un ignorante del tema ecológico, sino un personaje a la disposición de lo que le ordene su jefe superior, también, a los intereses de particulares que nunca les ha importado los daños irreversibles que ocasionan a la naturaleza esas obras suntuarias. Sólo enriquecerse a costa de violentar el estado de derecho.

Y para hacer más evidente su exhibición como neófito del tema ambiental, Haro Bélchez informó a medios nacionales e internacionales que tras un recorrido por la zona devastada –reiteró en infinidad de ocasiones que no fue impactado el manglar- por las denuncias de diversas organizaciones ambientalistas, insistió que no hay especies muertas en la zona y solo falta rescatar cinco cocodrilos, tres adultos y dos crías.

Si bien es cierto que Haro es doctor en Derecho por la universidad madrileña de Alcalá de Henares, ello no implica que sea un experto en ecología –sus acciones y declaraciones lo han exhibido que no sabe a fondo de ecología- y por eso, ayer se denotó como un profesional que no ve lo que no quiere. Declarar que no hubo ecocidio en Cancún, eso sí es grave.

En fin. Puntualizó, por lo que respecta a Fonatur, -a la que defendió pese a la reconocida corrupción de esa instancia- la única responsabilidad encontrada fue "la interrupción del rescate de especies en la zona, por lo cual, se le conmina a renovar ese proceso".

Y si la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente considera que el proyecto Tajamar debe continuar, Haro Bélchez indicó que la dependencia no tiene potestad para determinar la procedencia o no del desarrollo. Eso le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente.

El funcionario tendrá que hacer frente a los embates de ambientalistas y ciudadanía en general so pena que prefiera ser condenado a la horca, por la parcialidad de sus actuaciones en éste y otros casos que han dejado con rabia a la sociedad.

Después de observar su frivolidad en torno a Malecón Tajamar, de mentir y afirmar que no hubo daño al manglar, el caso Dragon Mart se quedó en cosa de niños, toda vez que en el predio donde pretendió edificarse, no existía ni mangle ni nada que se le pareciera a Malecón. Ahí están las pruebas irrefutables presentadas por la propia Profepa.

Haro Bélchez miente. Y mentirá en tanto cobre en la jugosa nómina de funcionarios gubernamentales, que pierden o ni conocen la vergüenza con tal de seguir en goce de los privilegios e impunidad que da el ejercicio público, en el que viven cientos y hasta miles de los mal llamados servidores del Estado.

SE ACERCA LA HORA EN TAMAULIPAS

Y a pesar de que ya solo le quedan –gracias a la Constitución- seis meses a la "administración" del gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, la ciudadanía, de manera principal los dueños de automotores, protestan por el alto costo que pretende imponerles el régimen y la Secretaría de Finanzas a la compra de placas de identidad oficial.

Hay que recordar que el gobierno local está impedido legalmente para convocar a la ciudadanía a que lleve a cabo el cambio de los metales vehiculares, toda vez que Vitro Fomento Industrial demandó a ese sistema por el otorgamiento de la licitación pública a EDM de México, pese a que ésta presentó "una oferta" por 280 millones de pesos para manufacturar dichas placas, por 200 millones de Vitro,

No es posible que esa administración persista en endilgarle a la ciudadanía el juego del millón de placas a precios estratosféricos, por las corruptelas y arreglos extra legales de funcionarios tamaulipecos, que persisten en prácticas ilegales en este año del 2016.

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