En principio parece una locura; incluso una aberración. Pero tal vez no sea tan descabellada la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no perseguir la corrupción de los funcionarios público del actual gobierno federal.
Ayer el presidente electo fue claro y contundente al afirmar ante reporteros que no perseguirá la corrupción de los funcionarios peñanietistas o de los gobiernos estatales; que aplicará una especie de amnistía con ellos y será, eso sí, implacable con cualquier funcionarios que cometa actos de corrupción en los próximos seis años.
Lo primero es pensar que cómo es posible dejar pasar actos de corrupción, y se imagina uno a López Obrador compartiendo una mesa en restaurantes con Rosario Robles, de Sedesol; o Gerardo Ruiz esparza, de la SCT. Pero no. Pensándolo con calma, la estrategia de AMLO puede ser correcta por una par de buenas razones: ¿Por dónde empezar en tantos casos de presunta corrupción gubernamental? ¿Hasta dónde y con quién terminar?
Ahí está el detalle: hay tanta corrupción en nuestro país, y tantos nombres involucrados, que si AMLO y su gobierno se ponen a perseguir a todos, no le alcanzará el sexenio para castigar a los presuntos culpables. Además, si un caso le resultara fallido (y de ellos la PGR tiene decenas de expedientes que terminaron en la basura por estar mal armados), la opinión pública acusaría a los morenistas de pactar con unos y pretender castigar a otros. No ganarían nada AMLO y su gobierno al emprender una lucha que podría ser quijotesca ante la corrupción de la actual clase política. Por eso más vale un borrón y cuenta nueva. En lo personal no me gusta para nada la idea de hacerse de la vista gorda ante la corrupción, pero creo que la Cuarta Transformación se atascaría en mares de lodo al intentar un ataque frontal contra los corruptos del pasado. Lo que puede ocurrir, y ojalá así suceda, es que la sociedad civil entre al quite en ese tema. Hay tantos organismos civiles con datos sobre posibles y escandalosos actos de corrupción, que bien podrían organizarse para llevar a los presuntos responsables ante un tribunal. ¿Llega la hora de la sociedad civil?
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